Hay tragedias que paralizan a toda una sociedad. La muerte de un niño de tres años en una piscina de una vivienda vacacional de Can Picafort y, apenas unos días después, el fallecimiento de una niña de la misma edad tras un ahogamiento en otra piscina de un alojamiento turístico en Pollença, son dos golpes que conmocionan a Mallorca. Dos familias destrozadas, dos vidas que apenas comenzaban y un dolor imposible de medir. Ante hechos así, el respeto y el silencio son la primera obligación.
Pero precisamente porque el dolor no puede quedarse en la emoción pasajera, también es necesario preguntarse si todo lo que debía hacerse para prevenir estas tragedias se está haciendo.
Las investigaciones determinarán las circunstancias concretas de ambos accidentes. Sin embargo, hay una realidad que resulta difícil de ignorar: las viviendas de alquiler vacacional forman parte de la industria turística, generan una actividad económica equiparable a la de cualquier otro establecimiento alojativo y reciben miles de visitantes cada temporada. Sin embargo, en un aspecto tan sensible como la seguridad de las piscinas, la normativa establece diferencias difíciles de comprender.
No parece lógico que dos negocios que compiten en el mismo mercado soporten obligaciones tan distintas cuando está en juego la seguridad de las personas
Un hotel con piscina está obligado a cumplir estrictas medidas de seguridad y, en la mayoría de los casos, dispone de servicio de socorrismo. Un complejo turístico sabe que la presencia de un profesional no elimina el riesgo, pero sí puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando los segundos cuentan. En cambio, una villa o un chalet explotados comercialmente como alojamiento turístico quedan, por regla general, al margen de esa exigencia.
Conviene desterrar una idea equivocada. Un alquiler vacacional no es una vivienda privada mientras está siendo comercializada. Es un establecimiento turístico. Se anuncia en plataformas, se alquila por días o semanas, obtiene un beneficio económico y forma parte de la oferta que se vende a quienes visitan Mallorca. No parece lógico que dos negocios que compiten en el mismo mercado soporten obligaciones tan distintas cuando está en juego la seguridad de las personas.
Nadie puede garantizar que un socorrista hubiera evitado estas dos muertes. Sería una afirmación irresponsable. La vigilancia de los menores corresponde siempre a los adultos que los acompañan. Pero también es cierto que la prevención consiste precisamente en sumar capas de protección: supervisión familiar, medidas físicas de seguridad y profesionales preparados para actuar cuando todo falla.
Mallorca lidera desde hace años el debate sobre el modelo turístico que quiere construir. Quizá haya llegado el momento de incorporar otra pregunta a esa discusión: si exigimos los máximos estándares de seguridad a los hoteles, ¿por qué aceptamos que miles de piscinas de alojamientos turísticos operen con menores requisitos?
Las dos tragedias de esta semana no admiten respuestas fáciles. Pero sí deberían impulsar una reflexión serena y, sobre todo, valiente. Porque cuando hablamos de seguridad infantil, cualquier anomalía normativa merece ser revisada antes de que otra familia vuelva a sufrir una pérdida irreparable.
