cultura | el Consell ha encargado una auditoría

El PP denuncia que Armengol certificó las obras de reforma del Principal sabiendo que había deficiencias

El Partido Popular, representado por el actual vicepresidente de Cultura y Patrimonio, Joan Rotger, ha denunciado este jueves que el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca, liderado por Francina Armengol (PSOE) y Joan Font (PSM), certificó las obras de reforma del Teatro Principal pese a tener conocimiento de un informe pericial que detectó deficiencias e irregularidades. Por este motivo, el Consell ha encargado una auditoría para aclarar si existen partidas del presupuesto certificadas pero no ejecutadas y si existen deficiencias, tal y como indica un informe pericial llevado a cabo en noviembre de 2009 por el arquitecto Javier Villabrille. En caso de que se confirmaran las irregularidades, "aclarar qué grado de implicación tenían los anterior gestores, que conociendo esta situación, no la pusieron a disposición de las autoridades judiciales". Por su parte, el PSM-InciativaVerds-Entesa (PSM-IV-ExM) ha instado al nuevo equipo del Consell a "continuar colaborando con la Fiscalía para aclarar las irregularidades del teatro principal" y aseguran que el anterior equipo de gobierno, dirigido por Joan Font, hizo entrega, en mayo de este año, de un informe, redactado en febrero, a la Fiscalía. Así, Rotger ha explicado que cuando terminaron las obras de reforma, "se llevaron a cabo unas actuaciones no previstas en el proyecto inicial" y, debido a este hecho, la UTE que llevó a cabo la reforma, formada por Dragados y Melchor Mascaró, presentó una demanda "en revisión de precios de la concesión administrativa". Este proceso terminó con una sentencia, publicada el 15 de enero de 2010, que obligaba a la Fundación del Teatro Principal a 1.236.842,64 euros. Ante el impago por parte de la Fundación, la Justicia ha solicitado, en un auto remitido el pasado 12 de julio, la ejecución forzosa de la resolución judicial y ha condenado al pago de la cuantía establecida en un primer momento más las costas y los intereses, lo que suma, en total, 1.727.322,96 euros. El vicepresidente del Cultura de la institución ha hecho hincapié en que "anteriormente a la remisión del auto, no teníamos conocimiento de este procedimiento judicial ni tampoco lo tenían los servicios jurídicos de la casa". Rotger ha explicado que la Fundación llegó a un acuerdo "vía judicial en el que llegaron a un acuerdo con la UTE para terminar el procedimiento de una manera amistosa, aún siendo conscientes de las deficiencias (en las obras de reforma)". Por ello, y debido a que tal y como explica el conseller "nadie tenía conocimiento de este proceso", Rotger ha declarado que "nos gustaría saber quién dio permiso a la Fundación para llegar a un acuerdo judicial con la UTE, conociendo los informes periciales y las deficiencias. La diligencia hace que si hay deficiencias, se tengan que denunciar". A la hora de señalar a los responsable de este acuerdo que se realizó "sin que nadie tuviera conocimiento", Rotger ha nombrado a la expresidenta del Consell, Francina Armengol, y a su homólogo durante la pasada legislatura, Joan Font. De esta manera, el conseller ha denunciado que se trata de una "deslealtad" que el anterior equipo de gobierno "no diese la información pertinente durante el traspaso de poderes" y ha alertado de que este procedimiento "pone en peligro el funcionamiento del Teatro Principal". UNA DENUNCIA REDACTADA PERO NO PRESENTADA El conseller Rotger también ha explicado que, después de la llegada del auto, se reunieron para conocer la situación. En la reunión, "se nos entregan una serie de documentos que no son completos y también nos llega una denuncia redactada para presentar ante la Fiscalía". Se trata de una denuncia que "no ha sido presentada". En este sentido, Rotger se ha preguntado "por qué motivo, si el anterior equipo de gobierno lo sabía, conocía irregularidades que podían afectar a la sentencia y podían aminorar la deuda, no fue presentado y no se hicieron las pertinentes gestiones ante la Fiscalía". El vicepresidente de Cultura ha concluido su intervención recordando que "a los tribunales se va con documentos, no con comentarios".

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