Dos artículos atrás les hablé del concierto educativo en tanto que derecho fundamental. Hoy voy a hablarles de su gestión pública.
Supongo que ustedes ya conocen el cuento con el que se explica la mentira estadística, aquel que habla de que si en una casa de dos personas una se come un pollo, estadísticamente en ese hogar cada una de ellas se ha comido medio, aunque en el estómago de la abstinente sigan sonando psicofonías hambrunas.
Hace unos pocos días, los medios se hacían eco del porcentaje que las distintas comunidades autónomas destinaban a la educación concertada. Los titulares, nada inocentes, señalaban a Balears como una de las autonomías con un porcentaje más elevado, rozando, sin llegar, el 20 por ciento, superado por otras como el País Vasco o Navarra.
La porción de pollo que se comen los alumnos de la concertada, pesa pues, en nuestras islas, el 20%. La enseñanza pública se come el restante 80% del pollo.
Pero, insólitamente, el redactor de la agencia difusora –seguramente un becario que todavía no sabe que ser periodista consiste esencialmente en hacerse preguntas- dejó la noticia ahí, como si decir medias verdades fuera algo neutral y objetivo.
Porque, claro, lo que interesa saber para hacerse un juicio cabal es entre cuantos tenemos que repartirnos ese 20% del pollo. Ah, pero eso es peligroso, se le llama discurrir. Exceso de pensamiento, le llamaban en la dictadura argentina.
Resulta que Balears es una de las comunidades con un más alto porcentaje de la enseñanza concertada, por razones históricas y sociales. Según los niveles, dicho porcentaje oscila entre aproximadamente un 33 y casi un 40% del alumnado. Pongamos, pues, haciendo uso de la alquimia estadística, que el porcentaje medio ponderado está entorno a un 36%. La cosa cambia radicalmente, ¿a que sí?
Ahora resulta que el 36% de los alumnos se comen el 20% del pollo y que el restante 64% se come el 80% de nuestro manjar. Es decir, que a cada alumno de la concertada le toca en proporción 0,55 unidades, mientras que a cada uno de la pública se le destinan 1,25 unidades. Ello no hace sino confirmar los estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que establecieron en 2014 que el coste medio de un alumno de la enseñanza pública es 2,5 veces el de uno de la concertada.
Pero no acaba ahí este peculiar reparto de pollos, porque los estudios hablan únicamente de las cantidades destinadas, por parte de los gobiernos autónomos, a los centros de una y otra red, pero omiten la referencia a los presupuestos municipales. En España, el mantenimiento de los centros públicos de enseñanza primaria les corresponde a los ayuntamientos. Ni que decir tiene que no se destina ni un céntimo de esos presupuestos a la enseñanza concertada. Por tanto, del 20% del global nos olvidamos, es bastante menos. La brecha aumenta.
Tampoco cuenta la noticia que la administración destina ingentes cantidades a inversiones –no confundir con gasto corriente- en centros públicos, pero que, en este capítulo, la concertada le sale gratis, como si hubiera confiscado los colegios sin pagar ni un real. Y, para solidificar este tramposo privilegio, el legislador hasta lo incluyó en la normativa orgánica, de manera que ninguna comunidad puede destinar fondos a inversión, salvo mediante concursos públicos de cesión de suelo, aquí y ahora inexistentes.
Finalmente, el autor de la noticia omite otro dato esencial. Qué parte del pollo se comen los alumnos de la concertada. Porque resulta que no solo se destina muchísimo más dinero per cápita a la enseñanza pública, sino que además ésta se come los muslitos y la pechuga, en términos de recursos especializados, programas, becas y ayudas de todo tipo.
Pero, no se equivoquen, ésta no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Todos los gobiernos, con puntuales pinceladas de mejor o peor voluntad, han destinado muchísimo menos dinero a cada alumno de la concertada del que dotaban a cada uno de la pública. Lo que han hecho los sucesivos gobiernos con la enseñanza concertada solo tiene un nombre: negocio, negocio puro y duro.
Además, como han topado con un colectivo especialmente poco beligerante y nada dado a las movilizaciones, han hecho creer durante decenios a titulares, familias, alumnos y profesorado que el concierto era un privilegio y que, además, debían tener remordimientos por elegir o gestionar centros educativos ‘elitistas’, pese a que son los gobiernos quienes manejan los resortes de los procesos de admisión, al punto que aseguran que muchos de los hijos de sus responsables se escolaricen en un centro de esa red (demagogia mucha, pero a la hora de la verdad...).
En contra de lo que unos y otros han vendido electoralmente, la derecha no ha privilegiado jamás a la concertada. Bien al contrario, la ha utilizado cuando le ha interesado y le ha dado la espalda cuando no cerraba filas con el gobierno, algo que se daba siempre por sentado. No les voy a contar las miserias vividas con el ejecutivo de Bauzá, ni los desencuentros en el ámbito estatal con Wert y su equipo.
La izquierda, por desgracia, teniendo la oportunidad de ser ecuánime y de practicar sus principios de igualdad de derechos y de compensación de las desigualdades, ha optado en muchas ocasiones por las consignas falsas y el ataque frontal –más mediático que nada- a colectivos específicos para contentar a su parroquia más radical y desinformada, manteniendo en todo caso la desigualdad de recursos entre redes y, encima, criticando hipócritamente que las familias estén dispuestas a ayudar económicamente a los centros que escolarizan a sus hijos.
El nuevo govern tiene una excelente oportunidad de demostrar que, por una vez, estoy equivocado. Y estaré encantado si así fuere.
