El Govern estrena un nuevo Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que mucho deben lamentar los socialistas, dado que lo hubieran podido firmar ellos perfectamente. A pesar de las consignas partidistas, estamos ante una norma que tiene como objetivo poner más viviendas en el mercado sin consumir territorio: el sueño húmedo de la izquierda. Esta política de vivienda es precisamente la que no ha sabido ejecutar el anterior conseller tocado y hundido en las pasadas elecciones: Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, quien dio el salto al vacío de la alcaldía de Sant Josep a Palma para acabar estrellándose en el Consell ante el imbatible Vicent Marí.
La norma made in Marta Vidal tiene objetivos muy loables, cuyo grado de ejecución será dudoso, si no realiza algunas correcciones y matices. Los detalles del Decreto son muy positivos porque, entre otras medidas, permiten igualar núcleos urbanos en altura, con lo cual no sólo aumenta el parque de vivienda, sino que se consigue cierta harmonización estética. Se facilita la reconversión de locales y establecimientos hoteleros obsoletos en viviendas y se permite edificar en suelo urbano calificado como equipamiento público o privado. Se reduce a 60m2 la superficie mínima, permitiendo así dividir los fastuosos pisos que se hacían hace décadas en viviendas más adaptadas a las nuevas necesidades.
De todo ello se infiere que el suelo rústico no quede afectado por la norma y se consiga un suculento y necesario crecimiento del número de viviendas disponibles para jóvenes, familias y trabajadores sin afectar a un bien preciado y limitado en estas islas: el territorio. El argumento de la izquierda de una supuesta amnistía urbanística o de un decreto que favorece la especulación es tan falaz como absurdo, en línea con la oposición que están haciendo desde que salieran vapuleados de las urnas. El hecho de poder obtener una cédula de habitabilidad en construcciones fuera de ordenación o el hecho de poder culminar estructuras inacabadas y transformarlas en vivienda es una medida que goza de todo sentido, salvo para aquellos que quisieron hacer política de vivienda y acabaron haciendo decretos urbanísticos carentes de fundamento jurídico que salen muy caros a tenor de las indemnizaciones millonarias que están provocando y que no han conseguido menguar la presión demográfica sobre el suelo rústico.
A pesar de ser certeros los objetivos de Marta Vidal, lo cierto es que el Decreto se queda corto. La razón es que aquellos promotores que se beneficien del Decreto tan sólo podrán destinar las nuevas viviendas a una nueva categoría de vivienda a precio limitado. Los baremos que se han fijado tanto de alquiler como de compraventa no sólo son muy inferiores al precio de mercado, sino que podrían hacer antieconómica la inversión. El Govern debe analizar si conviene ligar la totalidad de las nuevas viviendas beneficiadas por el Decreto a esta categoría de precio limitado o, por el contrario, debería dejarse en un porcentaje de un 40% o un 50% de ellas para que realmente hubiera verdaderos incentivos para los propietarios y promotores. Si así fuera, el éxito del Decreto estaría garantizado y seguiría implicando sacar viviendas al mercado sin coste para la Administración y sin agotar recursos territoriales.
Vidal debe ser valiente y no dejarse amedrentar por las soflamas de una izquierda rabiosa que vocifera entre balbuceos inconexos por comprobar como en 100 días se puede hacer lo que ellos no supieron en 8 años.
