En el debate sobre la calidad de los servicios públicos en España, a menudo se pone el foco en los recursos materiales o en las grandes reformas estructurales. Sin embargo, existe un elemento menos visible, pero absolutamente determinante: el capital humano que sostiene la arquitectura del Estado. En este sentido, el grupo A1 de la Administración pública representa uno de los pilares esenciales sobre los que descansa el funcionamiento eficaz, riguroso y equitativo de los servicios públicos.
El grupo A1 está compuesto por profesionales altamente cualificados que acceden a la función pública tras procesos selectivos exigentes y competitivos. Inspectores, médicos, profesores universitarios, técnicos superiores y otros perfiles de alta responsabilidad forman parte de este colectivo. Su labor no solo implica ejecutar políticas públicas, sino también diseñarlas, supervisarlas y garantizar su correcta aplicación. En definitiva, son garantes de la calidad, la legalidad y la continuidad institucional. Resulta difícil imaginar un sistema sanitario sólido sin médicos comprometidos en la sanidad pública, una educación de calidad sin docentes bien preparados, o una administración eficiente sin inspectores y técnicos capaces de fiscalizar, planificar y mejorar los procesos.
El grupo A1 no es simplemente una categoría administrativa: es una pieza clave del Estado del bienestar. Por ello, cuidar y reforzar este colectivo no debería entenderse como una reivindicación corporativa, sino como una inversión estratégica. La calidad de los servicios públicos está directamente vinculada a la motivación, estabilidad y reconocimiento de quienes los lideran. Cuando estos profesionales perciben que su esfuerzo no es valorado adecuadamente, se corre el riesgo de erosionar la excelencia del sistema en su conjunto. En este contexto, resulta especialmente relevante abordar una cuestión que lleva años generando malestar: la situación retributiva del grupo A1.
Desde hace más de una década, estos funcionarios han visto reducida su paga extraordinaria en un porcentaje que se sitúa aproximadamente entre el 35% y el 40% respecto a su nivel previo a los recortes derivados de la crisis económica. Esta situación, lejos de ser coyuntural, se ha prolongado en el tiempo hasta convertirse en un agravio estructural. No se trata únicamente de una cuestión salarial, sino de un problema de reconocimiento institucional. Mantener durante 15 años una merma significativa en las retribuciones de los funcionarios de mayor cualificación envía un mensaje contradictorio: se exige excelencia, responsabilidad y compromiso, pero no se retribuye en consonancia con dichas exigencias.
En este escenario, sería muy importante la convergencia entre organizaciones representativas del grupo A1. La unión de estos colectivos no respondería solo únicamente a intereses sectoriales, sino a una visión más amplia sobre la necesidad de reforzar las instituciones públicas.
Reivindicar la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias no es solo una demanda legítima desde el punto de vista laboral, sino también una condición necesaria para preservar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Pedro Sánchez, tiene en su mano la posibilidad de corregir este desequilibrio. Hacerlo no debería interpretarse como una concesión, sino como una medida de justicia y de fortalecimiento del Estado.
Invertir en el grupo A1 es invertir en la solidez de las políticas públicas, en la confianza ciudadana y en la capacidad del país para afrontar los retos presentes y futuros. En definitiva, reconocer, proteger y reforzar al grupo A1 no es una opción secundaria: es una decisión estratégica. Porque allí donde hay profesionales bien formados, motivados y justamente retribuidos, hay también mejores servicios públicos, instituciones más fuertes y una sociedad más cohesionada.
Exigimos un estatuto propio como otros profesionales A1. Exigimos homologarse con Europa y exigimos el grupo A1 Plus (meces 3, especialidad y responsabilidad) con una nueva vinculación retributiva. Esta es una de nuestras líneas rojas en la negociación del estatuto marco, con la actual ministra médica y uno de los motivos por los que llevamos veinte días de huelga.
