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Demasiadas dudas del papel de la administración en la protección de la posidonia

sábado 11 de agosto de 2018, 00:00h

El presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, Gabriel Dols, encabeza la crítica del sector náutico balear al redactado final del decreto de protección de la posidonia elaborado por la Conselleria de Medi Ambient. El sector se siente marginado y criminalizado en un procedimiento que concluye que los mayores daños a la posidonia los realizan los barcos con sus fondeos.

El sector critica la nula atención que han merecido sus aportaciones y defiende que los vertidos de aguas fecales y sin depurar son la principal causa de muerte de la posidonia. En el texto final del decreto, donde se establece un duro control de los fondeos, sólo unas pocas líneas hacen mención a los vertidos.

Los estudios del sector consideran que, sólo en la Bahía de Palma, más de seis millones de metros cuadrados de esta planta marina han desaparecido a causa de los vertidos incontrolados o realizados en malas condiciones. En nuestras costas existen 104 emisarios submarinos que vierten aguas residuales que no siempre están correctamente depuradas o, en el peor de los casos por filtraciones o averías, salen directamente al mar sin haber sido tratadas.

Sin ir más lejos, esta misma semana, una avería en un emisario ha provocado el cierre de la playa de Ciutat Jardí durante dos días por positivo en aguas fecales. Son episodios cada vez más frecuentes que, cuando menos, deben poner sobre la mesa la necesidad de estudiar seriamente el daño que este tipo de vertidos supone para el medio ambiente.

En el marco actual, hay pocas dudas de que si estos vertidos fueran ocasionados por agricultores, hoteleros o cualquier industria del sector privado, la actuación de la administración sería bien diferente. No actuar, o hacerlo a medias, cuando la clara responsabilidad es de la propia administración, no contribuye precisamente a dibujar un papel responsable y creíble de quienes están al frente de las instituciones.

La protección de la posidonia debe realizarse con todas las consecuencias, sancionando los fondeos de embarcaciones que resultan excesivamente agresivos para la planta, pero también dedicando esfuerzos a solucionar lo que depende de la propia administración, sin esconder responsabilidades y dedicando los recursos que sean necesarios. Poner el foco del problema en la acción del sector náutico sin acometer las actuaciones propias es un error que no acabará con los daños a la posidonia y aumentará la sensación de una mala gestión pública.


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