Las quejas por cancelaciones y retrasos aéreos se han triplicado este año en relación al año pasado por estas mismas fechas. La mayoría de estas reclamaciones se producen por los continuos conflictos y problemas que están protagonizando compañías de bajo coste como Vueling y, especialmente, Ryanair.
La situación es especialmente alarmante al concentrarse la mayoría de estos problemas en la temporada de vacaciones, durante los meses de julio y agosto, afectando en gran parte a turistas que eligen Balears como destino de sus vacaciones.
El servicio de estas compañías se está viendo mermado por actuaciones que las propias aerolíneas podrían combatir. En el caso de Ryanair, su primera huelga de pilotos ha desembocado en la cancelación de centenares de vuelos, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, quienes añaden a sus tribulaciones la duda de poder reclamar los pasajes perdidos, ya que la compañía considera que algunas de estas reclamaciones no tienen por qué ser atendidas.
Ryanair ya tiene notablemente mermada su imagen de empresa, aunque este es un hecho que poco parece importar a los gestores de la compañía, más preocupados por engrosar su cuenta de resultados que por dar un buen servicio a sus clientes. Los retrasos, cancelaciones, o vuelos con overbooking no parecen alterar su actuación; ni tampoco las múltiples denuncias interpuestas ante las autoridades de consumo, de seguridad aérea y hasta del Parlamento Europeo.
Mientras tanto, la lentitud en la tramitación de los expedientes sancionadores y, en su caso, la escasa cuantía de las multas impuestas por estas actuaciones, tampoco contribuyen a trasladar una sensación de justicia y equidad a todos aquellos que han visto desbaratados sus planes de vacaciones o que han tenido que soportar gastos extras por la incorrecta actuación de la compañía aérea que contrataron.
La administración, y en especial el Ministerio de Fomento, debe actuar con mayor contundencia y celeridad ante este tipo de situaciones que suponen gran perjuicio para los viajeros. De igual manera que el Govern balear no puede permanecer pasivo ante tal situación y debería establecer sus propios mecanismos para, al menos, poder presionar a la administración central ante situaciones que comprometen la principal industria del país.
