El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado la petición de la promotora mallorquina Cesgarden que pretendía cobrar once millones de euros del Consell de Menorca.
En mayo del 2011 este mismo tribunal condenó al Consell menorquín a pagar 29 millones de euros a Cesgarden por la reducción de las expectativas urbanísticas en Son Bou que supuso la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) en 2003. La promotora reclamó, posteriormente, una indemnización de once millones más en concepto del valor de los terrenos rústicos a los que se trasladó el aprovechamiento urbanístico; el valor económico del nuevo sector urbanizable y los gastos de redacción de los proyectos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB ha dictado una interlocutoria en la que rechaza las pretensiones de Cesgarden porque -afirma- cuando redactó la sentencia de mayo del 2011 desconocía que los terrenos de Son Bou ya eran propiedad de la promotora.
Cesgarden había asegurado, durante el proceso judicial, que debería adquirir los nuevos terrenos a los que se trasladaba el aprovechamiento urbanístico, cuando en realidad ya los había comprado un día antes de la aprobación, en abril de 2003, del PTI de Menorca.
La presidenta del Consell, Maite Salord, ha manifestado que "constituye una buena noticia porque cierra la vía a Cesgarden para reclamar once millones de euros más". "Es una victoria -ha aseverado- que nos anima a continuar, con más convencimiento que nunca, la decisión, compartida por el equipo de gobierno y la oposición, y con el informe emitido por el abogado Fernando Mateas, de interponer una querella contra Cesgarden por un presunto fraude procesal, siempre con la voluntad de defender los intereses de los menorquines". Salord ha destacado la defensa que el abogado Francesc Marqués ha realizado de este caso ante los tribunales.
En octubre de 2015 el Consell de Menorca anunció que proseguirá las acciones penales contra Cesgarden mediante la interposición de una querella por fraude procesal. La presidenta Salord (Més) y el expresidente de la institución, Santiago Tadeo (PP), hoy jefe de la oposición, comparecieron juntos para explicar que esta nueva acción judicial quiere evitar el pago de la indemnización de 29 millones de euros, resultado de la sentencia condenatoria de mayo del 2011. Ante el engaño detectado en la compraventa de los terrenos, el Consell menorquín decidió querellarse contra Cesgarden por presunto fraude procesal.
En diciembre del 2014 la Audiencia de Palma archivó este caso al rechazar que las empresas Siteme Menorca y Cesgarden habían organizado una "maquinación" para obtener una indemnización al haber sido vulnerados sus derechos urbanísticos con el PTI de 2003. La decisión de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior permite al Consell de Menorca reabrir el caso con la interposición de una nueva querella.
