La posibilidad de transferir la convocatoria MIR a la comunidad catalana ha encendido todas las alarmas en el sector sanitario. Las distintas versiones sobre si está o no en la agenda bilateral de negociación entre el gobierno radical social comunista y el govern independentista catalán no ha hecho sino aumentarla.
No es para menos. No fue una ensoñación. El anuncio lo realizó una ministra de España. Que va a saber la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, sobre la creación de un grupo de trabajo con la Generalitat para el traspaso de la formación sanitaria si no se le dan escrito, en negrita y subrayado fosforito. Del mismo modo que poco o nada saben ni la ministra del ramo Darias, sustituta de Illa; ni el antecesor de la ministra de Política Territorial, sustituto hasta hace unas semanas del ministro de sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y amigo del presidente Sánchez, Iceta. Si, es lo que parece, un despropósito, un verdadero embrollo. Parafraseando al socialista Conde Pumpido, una propuesta de “legos” o de “ministros de salón”.
La formación MIR española es elogiada en todo el mundo. Es el elemento garantista de la calidad de la asistencia sanitaria incluso en épocas de dificultades como la actual o en las situaciones en las que los gobiernos dejan en manos de titulares manifiestamente incompetentes para las funciones a realizar, nombrados, en general, por cuota territorial.
La formación especializada de profesionales de la salud es la base de la fortaleza de nuestro sistema sanitario. Pendiente de algunos retoques que refuercen la vertiente humanista, aumenten la formación troncular básica y desarrollen las áreas de capacitación específica que emanan de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, aprobada siendo ministra Ana Pastor, sigue siendo un sello de identidad envidiado por los mejores sistemas sanitarios del mundo.
No es que el sector sanitario haya salido en tromba a oponerse a la medida, no es que el potente, envidiable y de alto nivel sector sanitario catalán, hasta donde se sabe, no haya sido consultado ni vea con buenos ojos la medida, es que la organización del estado a partir de potenciales beneficios electorales partidistas no es ética ni moralmente aceptable.
Las competencias nacionales del Ministerio de Sanidad son pocas, pero muy importantes para nuestra salud. Muchas de ellas armonizadas con las políticas de la UE. Ya me dirán si no es trascendente la seguridad alimentaria, la planificación de la higiene, las catástrofes, la salud pública y ambiental, la política farmacéutica, la inspección sanitaria, la sanidad exterior y la formación especializada. Todas las que derivan de la cohesión territorial y de las que depende la calidad del sistema sanitario.
Al Gobierno de España no vamos a pedirles milagros porque sabemos que no está en disposición de hacerlos, pero sí que respete lo que funciona y que afecta directamente la salud de todos los españoles. Y recodarle que la descentralización selectiva e interesada es inequitativa y muestra indiscutible de mal gobierno.
Buen finde y buenas vacaciones para los que las estén disfrutando.
