Hay que considerar hoy, Dia Internacional de la Familia, que el papel de la familia en la sociedad actual es amplio e integrador. Sobre las familias recae la responsabilidad primordial de la educación y socialización de los niños, así como la de inculcar las virtudes sociales y la pertenencia a una sociedad. Es la familia quien proporciona la primera atención y apoyo material e inmaterial a sus miembros, ya sea a los hijos, a las personas mayores o a aquellas que padecen una enfermedad o discapacidad. Es el modelo elegido mayoritariamente, desde una perspectiva plural, para organizar sus relaciones personales y convivenciales y es también la institución social que obtiene sistemáticamente mejor valoración, según todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
La familia, como factor de cohesión social y como estructura básica de los vínculos afectivos vitales y de la solidaridad intrageneracional, continúa siendo en nuestra sociedad uno de los círculos principales a cuyo alrededor se estructuran las relaciones de las personas y, por lo tanto, un marco jurídico de referencia, puesto que la evidencia muestra que las familias fuertes constituyen sociedades fuertes, y sin familias fuertes y estables en el compromiso, los pueblos se debilitan.
La necesidad de protección a la familia hace indispensable que exista una política familiar global más allá de medidas concretas y puntuales. Desde una consideración estrictamente económica, el crecimiento de una economía depende de una manera muy importante del "capital humano" y de su formación. Se impone también, por tanto, una protección desde los poderes públicos a aquellos que de forma activa colaboran para ello, como ocurre con las familias, del mismo modo que también se protegen otras actividades que resultan beneficiosas para la sociedad atendiendo a criterios económicos.
La familia debe ser considerada como un agente activo, con capacidad de contribuir en la construcción y mejora de la sociedad. Cambios sociales relativamente recientes, tales como el alargamiento de la vida, la generalización de la incorporación de ambos miembros de las parejas al mundo laboral, la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral, la atención a dependientes, etc., han afectado a la forma de organización familiar y han hecho surgir nuevas demandas que deben, obligatoriamente, venir acompañadas de nuevas respuestas y Servicios desde el sector público y privado.
Reconocer el compromiso que mantienen nuestras familias y su ingente contribución al buen funcionamiento de la sociedad debe ser el punto de partida de toda regulación normativa. Y esta encomienda debe llevarse a cabo desde un enfoque global e integral, asegurando la protección social, económica y jurídica de las familias. Se deben reforzar y coordinar las medidas ya existentes en apoyo a la familia y avanzar en su desarrollo y en su aplicación, teniendo muy presente que la transversalidad de la política familiar debe ser el eje sobre el que giren todas las políticas públicas.
Tal apoyo no puede ser consecuencia de un afán intervencionista, considerando que estamos tratando de la institución más próxima y cercana a las personas y que, por tanto, debe ser tratada con el máximo respeto a su autonomía organizativa y a las libertades individuales de sus miembros. Este apoyo ha de considerarse, más bien, como un deber de justicia, en reciprocidad a la aportación que las familias hacen a la sociedad.
