La historia, en ocasiones, resulta pertinaz a la hora de fijar cual sea la verdad, la realidad que esconde. Desde un principio de la historia, en su vertiente autonómica, dos vectores implicaban una problemática de gobierno, el territorio y la lengua. Muy atrás quedan las manifestaciones en defensa de Es Trenc, las discusiones entre las fuerzas políticas integrantes del gobierno y la formación, ya desaparecida, que apoyó su investidura.
Hoy Es Trenc se mantiene virgen de edificaciones merced a aquellos debates, siempre encrespados y repletos de acritud, y a la cintura política del equipo de gobierno. No hubo crisis, pero sí condescendencia desde la minoría. Momentos más próximos a aquella se vivieron por causas más nimias, repletas la mayoría de ellas de puros celos y envidia política.
La lengua y la normalización de la lengua catalana, fue el segundo escollo que tuvo que superar un gobierno formado por un partido político con siglas diferentes y modos y maneras muy distintas de las actuales.
Aquel gobierno de los primeros cuatro años, desde su inexperiencia política, comprendió que, para pervivir, debía formar una piña, un equipo en el cual sus jugadores no tenían función específica o personal, sino común y general. Y la problemática de la política lingüística fue tratada en tal forma, como tantas otras materias. En tal contexto, se fijaron las líneas maestras que una ley de normalización debía contemplar; la igualdad de tratamiento del catalán y el castellano; el reconocimiento, promoción y defensa de las llamadas modalidades insulares; la libertad de elección de uso de la lengua por el ciudadano y el rechazo de la lengua catalana como medio de intromisión política externa.
Y el socialismo de aquel tiempo, 1986, aceptó que tales líneas no debían ser brincadas. Junto con aquellos socialistas, también se hallaban unos nacionalistas serenos, defensores a ultranza del catalán, quizás más radicales, pero también más sensatos y pragmáticos. Y de todo ello surgió una ley aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos.
Seguramente el precio de tal unanimidad por parte del gobierno y su partido fue el aceptar una exposición de motivos con un aire revanchista más que evidente. Sin embargo, su contenido no trastocó en modo alguna la libertad implantada en el articulado. Esa libertad, posteriormente, con otros gobiernos, de todos los colores, se ha visto mermada en gran medida. El ejercicio de tal conducta, empero, siempre ha conducido al fracaso.
Si existe rechazo al catalán es consecuencia de la política impositiva surgida tanto de gobiernos como de asociaciones o plataformas de cariz completamente pan catalanista política y lingüísticamente. La consecuencia es el fracaso a que conduce el pretender que el pueblo hable como “ordenan” desde el Consulat.
La queja acerca del tratamiento del catalán en las islas es constante en las fuerzas progresistas, mientras en el otro lado todavía se restriegan las heridas de una política absolutamente impertinente e inadecuada. La unanimidad enterró la lengua como arma arrojadiza que, posteriormente, fue desenterrada por la inconsciencia, la torpeza y la falta de sentido común de unos determinados gobernantes.
Y todavía se continua en esa senda, tanto por imposición como por desmaña. Después de más de treinta años de machacón gasto la calle sigue hablando lo que le da la gana. Subvenciones, maná, discriminación positiva, favoritismos, nada está convenciendo al ciudadano de optar por una lengua, el catalán, al cual han convertido, a los ojos de ese ciudadano, en instrumento de ocupación. Aquellos socialistas del 86 deseaban el reflorecimiento de la lengua que amaban, y amamos, pero no ninguna intromisión foránea en nuestra historia. Ahora, es diferente, ahora sigue el turno de imponer al tiempo que, implícitamente, reconocer el gran fracasode esa política.
Hay que crear Oficinas para aliviar el “dolor” de no poder hablar catalán. Dolor lingüístico, dolor como razón de una imposición tendente a eliminar por Decreto la libertad de elección del medio de comunicación de la ciudadanía. Se trata de visibilizar, dicen, un problema, no hablar catalán.
La cuestión está en saber quién se lo impide, quién impide a esos supuestos diez millones ― ¡cuándo el Molt Honorable President, solamente eran seis millones! ― hablar en la lengua que deseen. Los cientos de miles de euros que brotan desde las instituciones autonómicas en pro del catalanismo no son suficientes para impedir ese “dolor”. Es necesario que un político, que exhala sentido común e inteligencia, se deje arrastrar por el sinsentido de mentes e intereses que viven al margen de principios de seguridad jurídica y de respeto a la libertad individual.
El TSJ de Valencia ya ha tumbado la misma existencia de una Oficina idéntica, y el aludido político debiera haberlo tenido en cuenta a la hora de instaurar un órgano tan inútil como vacío de legalidad. Y a la vez “visibilizar” que el verdadero dolor lo produce estar en el paro, en la cola del hambre, en la lista de hipotecarios o desahuciados morosos, que eso y más sí es doloroso.
Si no se regresa al espíritu del 86, si se sigue en el radicalismo ciego, si no se respeta la libertad lingüística, si no se dejan de exhibir posters como el anunciador de esa increíble Oficina del “dolor”, la normalización seguirá en la senda del fracaso. Obviamente, tal conclusión provocará sumo desagrado en algunos sectores, siendo el argumento utilizado reiterativo y repetitivo. Sin embargo, no producirá dolor alguno, pues, la vacuna ya se conoce desde hace tiempo.
