El letrado añade que “ellos no han sido capaces de decir con exactitud si el proceso se ha llevado de manera correcta” y explica que, en líneas generales, el proceso debería llevarse a cabo mediante un mandato por derecho derivado de la Unión Europea que tiene como intención reducir la temporalidad en el marco público.
El informe muestra que, de los 123 expedientes analizados, en 18 no consta contrato previo o vida laboral, en 52 expedientes no consta ningún documento contractual previo para confirmar la categoría, en 89 no se han podido verificar los salarios, en 30 no consta detalle de las funciones laborales previas y si son las asignadas tras el proceso y en 11 no se puedo verificar la antigüedad del trabajador.
Cabe recordar que estos trabajadores estaban vinculados anteriormente a empresas privadas, como remarca Marí, porque el proceso de selección es totalmente diferente al de la función pública. Las empresas privadas pueden seleccionar a los trabajadores sin necesidad de una titulación previa, por lo que “todas esas personas accedieron de manera lícita a su puesto de trabajo”, sentencia el abogado.
