La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar ante la justicia el decreto de chárter náutico aprobado por el Govern balear no es una simple discrepancia técnica que deberán resolver los tribunales.
La CNMC considera que varios preceptos de la norma introducen “restricciones injustificadas” que limitan la competencia, expulsan operadores y reducen la variedad y calidad de los servicios en el sector náutico balear, y por eso ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo.
La CNMC se suma a la Abogacía del Estado que, en representación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también recurrió la norma autonómica al considerar que invade competencias estatales.
El decreto del Govern que ha sido impugnado fue diseñado para bloquear la modalidad de chárter náutico en embarcaciones de lista séptima, lo que en la práctica se ha bautizado como “Airbnb náutico”. Se trata de una actividad que las fuerzas políticas de Baleares consideran que debería ser exceptuada de la norma estatal, para impedir su puesta en marcha, ya que contribuiría a la saturación náutica. Además, existe un amplio rechazo por parte del sector náutico regulado ya que resulta perjudicial para las empresas de alquiler de embarcaciones.
Resulta difícil entender la intervención del Gobierno central y de la CNMC si no se reconoce que la cuestión de fondo es una divergencia política: qué modelo de turismo y de uso del espacio marítimo se pretende en Baleares. El Govern balear apuesta por una regulación estricta; el Gobierno central y la CNMC optan por un mercado abierto. Pero este debate debería haberse resuelto en el ámbito político, no en los tribunales.
Si el modelo balear del chárter náutico es discutible, que se debata, que se mejore, pero no se externalice a instancias judiciales una divergencia que debería dirimirse con argumentos y votos, no con papeles y recursos legales.
