El alcalde de Deià, Jaume Crespí, se ha unido a la cuadrilla de operarios que derriban unos chalets ilegales en Llucalcari. Un juez había advertido a Crespí que pagaría de su propio bolsillo una multa diaria si no se cumplía la orden de demolición de los chalets. Pues ahí tienen a Crespí, con mono de trabajo, participando en la demolición de estas viviendas situadas en la costa norte mallorquina. Los jueces ya han encontrado una manera para que se cumplan sus sentencias. Basta amenazar con cobrar una multa a los políticos responsables. No es posible que los ayuntamientos se pasen años en cumplir sentencias de demolición de vivienda, algo que ha sido habitual en Mallorca durante los últimos años. Ahora le han entrado las prisas a Crespí y él mismo se ha puesto a trabajar en la demolición de unas viviendas. Que tomen ejemplo el resto de alcaldes de las Islas.
