Asumió el cargo hace ya más de un año tras la polémica dimisión de Pilar Bonet. ¿Qué diagnóstico hizo del departamento al llegar y cuáles fueron sus primeras prioridades?
Cuando llegué, la prioridad absoluta fue tranquilizar y estabilizar el departamento. La dimisión anterior había generado inquietud, pero comprobamos rápidamente que las causas no tenían ninguna relación con el Consell ni con el área de Hacienda. En las primeras semanas revisamos todos los servicios y constatamos que no había ningún expediente irregular: el sistema de fiscalización del Consell es garantista y muy sólido, aunque a veces implique mayor lentitud administrativa.
Una vez superada esa fase inicial, fijamos objetivos claros. El primero —y probablemente el más complejo— fue el proceso de estabilización de personal, tanto del Consell como del IMAS y de los ayuntamientos adheridos. Hablamos del mayor proceso de estabilización jamás realizado, con un plazo máximo de un año. Paralelamente, hubo que afrontar la reclasificación del cuerpo de bomberos con mejoras salariales pendientes y trabajar en cuestiones estratégicas como residuos y la tarifa de TIRME, que venían con problemas heredados.
“El mayor proceso de estabilización jamás realizado”
Uno de los temas más visibles de ese primer año fue el refuerzo del área de emergencias. ¿Qué avances destacan?
Sí. El más visible ha sido la puesta en marcha del helicóptero para emergencias 'Milana', que en marzo de 2024 parecía casi imposible y hoy es una realidad incuestionable. No existe una experiencia similar en otros consejos o diputaciones de España, y de hecho nos piden información sobre cómo lo hemos articulado.
En emergencias hicimos una apuesta clara: ocho millones de euros en inversiones, que incluyen el helicóptero, nuevos parques, mejoras de infraestructuras y renovación de material. Era una necesidad evidente y nos pusimos a trabajar desde el primer momento. También se han desbloqueado proyectos patrimoniales e infraestructuras que llevaban años paralizados.
¿Puede poner algún ejemplo de esas infraestructuras o proyectos desbloqueados?
Claro. La compra de la antigua fábrica de Sóller es un ejemplo claro: un problema enquistado durante años por litigios y expropiaciones cruzadas. Hoy esa fábrica ya es patrimonio de todos los mallorquines y el conflicto está resuelto jurídica y contractualmente. Este tipo de operaciones forman parte de un plan más amplio de adquisición y modernización de grandes infraestructuras del Consell.
Otro cambio relevante ha sido el nombramiento de un nuevo jefe de bomberos. Era incomprensible que el mayor cuerpo de bomberos de Baleares no tuviera un oficial en la jefatura. Hemos incorporado a Xisco Bonnín, ingeniero superior y bombero, uno de los mejores profesionales que hay en Mallorca. Aporta una visión técnica y operativa muy sólida y ha empezado a reorganizar el cuerpo con criterios profesionales. Además, lidera desde dentro: hace guardias, acude a emergencias y ejerce un liderazgo ejemplar.
Ha pasado ya más de un año desde que asumió el cargo. ¿En qué ha cambiado la Conselleria respecto al inicio de la legislatura?
El cambio más evidente es estructural: la Conselleria ha pasado de tres a seis direcciones insulares. A Presupuestos, Emergencias y Funció Pública se suman Relaciones Institucionales y Fondos Europeos, Innovación y Modernización, TIC y Comunicación, además de la Secretaría Técnica.
Esto permite un control más exhaustivo de proyectos y plazos, y el Ministerio de Economía ha destacado nuestra gestión porque no dejamos perder ni un solo euro. Reprogramamos los proyectos cuando es necesario y actuamos con máxima prudencia y rigor, especialmente con los plazos de fondos europeos que vencen el 30 de junio.
Cada año se pone en valor el superávit. ¿Cómo lo interpreta y qué se hace con los remanentes?
El superávit es relativo: no está para acumular dinero, sino para invertirlo en mejorar la vida de los ciudadanos. La normativa obliga a no tener déficit y a cumplir reglas fiscales; el techo de gasto limita lo que se puede ejecutar aunque haya recursos disponibles. En 2024, el superávit rondó los 100 millones de euros.
Tras verificar que se cumplen las reglas fiscales, los remanentes se llevan a pleno: una parte se reserva por prudencia y otra se destina a inversiones financieramente sostenibles en agua, infraestructuras, medio ambiente, innovación o equipamientos públicos. Mejorar carreteras, instalaciones deportivas o redes de agua significa menos accidentes, mejor salud y más calidad de vida.
¿Qué impacto tienen estas inversiones en los municipios y en los servicios sociales?
El Consell destina 35 millones al ciclo del agua, independientes del Plan de Obras y Servicios (POS), que se ha duplicado de 40 a 80 millones por legislatura. Sumando ambas partidas, hablamos de más de 115 millones en infraestructuras municipales, sin contar otras ayudas sectoriales.
“Más de 115 millones en infraestructuras municipales”
Además, a través del IMAS se destinan 3 millones anuales al mantenimiento de residencias municipales, algo que nunca se había hecho. En total, entre inversiones, programas sociales y agua, las aportaciones del Consell a los ayuntamientos alcanzan unos 240 millones de euros, reforzando de manera notable los servicios municipales y la calidad de vida de los ciudadanos.
Los presupuestos ya están aprobados y su departamento incrementa un 29 por ciento, hasta los 81 millones de euros. ¿A qué responde este aumento?
El crecimiento se explica en gran parte por la reorganización del Govern insular: varias direcciones que antes dependían de Presidencia —como Fondos Europeos, Innovación o TIC— han pasado a Hacienda. Además, hay un incremento real en áreas como Emergencias, con nuevas inversiones y servicios en funcionamiento durante todo el año.
Uno de los grandes capítulos es el servicio de helicóptero de rescate, ya completamente operativo en régimen de renting integral, que incluye aeronave, pilotos, mantenimiento, combustible y helicóptero de sustitución. En solo seis meses se han realizado alrededor de 70 rescates, y el servicio ya ha salvado vidas.
Avanza además una reforma profunda del cuerpo de Bomberos de Mallorca. ¿En qué consiste?
Vamos a modificar el reglamento de bomberos, que no se tocaba desde 2008, para crear nuevas unidades especializadas: unidad subacuática de rescate con buceadores técnicos; unidad canina con perros entrenados para rescates en colapsos y enterramientos; y unidad de drones con visión nocturna y análisis por software.
“Tres nuevas unidades especializadas: subacuática, canina y drones”
Muchas de estas capacidades ya existían de forma informal gracias a la formación de los propios bomberos. Ahora las vamos a regular, dotar y estructurar como corresponde. Además, la unidad subacuática contará con el apoyo de un nuevo convenio con la Autoridad Portuaria, reforzando la capacidad de intervención en puertos y zonas costeras.
¿Qué supone todo esto para el servicio de emergencias de Mallorca?
Un salto cualitativo muy importante. En tres años habremos pasado de un cuerpo con limitaciones claras a un servicio moderno, especializado y tecnológicamente avanzado, capaz de actuar de día, de noche, en tierra, mar y aire. Es una transformación estructural del cuerpo de bomberos de Mallorca.
Tras episodios como la DANA de Valencia, ¿cree que ha habido un punto de inflexión en la gestión de emergencias?
Sin duda. La DANA evidenció de forma muy cruda que una mala gestión de las emergencias tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. En nuestro caso, reforzó la convicción de que había que confiar plenamente en el servicio de bomberos y dotarlo de medios suficientes.
Nuestros bomberos fueron de los primeros en ofrecerse voluntariamente para ir a Valencia, Ibiza o León. Eso dice mucho de su calidad humana y nivel de preparación. Pero la vocación no basta: es imprescindible una buena gestión de los recursos humanos y materiales, especialmente en emergencias.
¿El helicóptero 'Milana' ha cambiado realmente el modelo de emergencias?
Sin ninguna duda. Desde la base de Son Bonet podemos llegar a cualquier punto de la isla en unos 15 o 20 minutos, y ya hay casos muy graves en los que la rapidez de la intervención ha sido determinante para salvar vidas.
“Desde Son Bonet llegamos a cualquier punto en 15-20 minutos”
Este avance también plantea nuevos retos, como las zonas sin cobertura de comunicación en la Serra de Tramuntana. Estamos trabajando en un proyecto tecnológico para eliminarlas, pero es un ejemplo de cómo mejorar el servicio también aumenta el nivel de exigencia.
El presupuesto incluye inversiones en infraestructuras clave como nuevos parques de bomberos. ¿Qué papel juegan en su modelo?
Son fundamentales. El nuevo parque de Manacor ya está en funcionamiento; el de Santanyí estará terminado previsiblemente en 2027; y estamos trabajando en lo que será el último gran parque estratégico: el de Marratxí, que además albergará la sede de la Dirección Insular de Emergencias.
El anterior proyecto en Marratxí fue descartado porque estaba previsto en una zona inundable, algo que consideramos inasumible para una infraestructura crítica. Ahora negociamos un solar alternativo, de mayor tamaño y en mejores condiciones. Es una cuestión de sentido común y de responsabilidad.
El Consell destina más de 70 millones de euros a los ayuntamientos. ¿Cómo se reparten y qué autonomía tienen los municipios?
Los ayuntamientos tienen plena autonomía, dentro de los criterios que marca la ley. El Plan de Obras y Servicios (POS), las ayudas al agua o a instalaciones deportivas se reparten con fórmulas objetivas: población, superficie, necesidades específicas.
El Consell evalúa que los fondos se destinen a aquello para lo que han sido concedidos —agua, infraestructuras, equipamientos—, pero la decisión concreta del proyecto es municipal. Si un ayuntamiento no puede ejecutar una inversión, debe devolver los fondos, aunque en general el grado de ejecución es alto.
Estoy satisfecho con el uso que hacen los municipios de estos recursos. Se ve claramente en los pueblos: mejoras en campos de fútbol, polideportivos, piscinas, redes de agua o calles urbanas. Este año también impulsamos nuevas convocatorias, como ayudas para escuelas de verano, natación o actividades educativas fuera del calendario escolar, cubriendo necesidades que no son competencia directa de Educación, pero que afectan a muchas familias.
El Consell ha cambiado el modelo de subvenciones hacia convocatorias abiertas. ¿Qué se persigue?
El objetivo es claro: transparencia y concurrencia competitiva. La normativa y los órganos de intervención nos empujan a ese modelo, y es el más garantista. Las subvenciones nominativas deben ser la excepción y reservarse a proyectos únicos sin alternativa posible: instituciones singulares, proyectos culturales o científicos irrepetibles. En esos casos, la ley permite la nominativa.
¿Cree que así se evitan los llamados “chiringuitos”?
Se reduce al máximo ese riesgo. Cada año revisamos subvenciones para adaptarlas al modelo competitivo. Es el sistema que utiliza el Govern y el que ofrece más garantías. Las polémicas políticas existen, especialmente en gobiernos de coalición, pero desde el punto de vista de la gestión, el criterio es claro y coherente.
En materia de innovación, digitalización e inteligencia artificial: ¿en qué punto se encuentra hoy la administración insular?
Se ha avanzado, pero probablemente menos de lo que parece. Hay muchos proyectos en marcha cuyos resultados aún no son visibles. Ahora, sin embargo, estamos entrando en una fase clave en la que empezarán a notarse.
Uno de los proyectos más importantes es una licitación de unos tres millones de euros para implantar un sistema integral de gestión digital de expedientes y facturas. El objetivo es automatizar y robotizar procesos que hoy siguen siendo muy lentos y consumen miles de horas de trabajo administrativo.
Principalmente se quiere automatizar la tramitación de facturas y expedientes contables, que hoy pueden requerir hasta seis pasos distintos, múltiples firmas y una intervención manual constante.
