Aunque han pasado algunas semanas desde que el nuevo equipo encabezado por Núria Riera asumiera la responsabilidad de tratar de enderezar la gestión de la Conselleria d'Educació, he esperado a tener la oportunidad de hacer una valoración que no se fundara exclusivamente en un currículum, sino en la percepción directa.
Esta semana se produjo la primera reunión de la mesa de la enseñanza concertada y creo que, al menos por el cambio de talante y de preparación de los nuevos responsables, hemos mejorado, y mucho. Cierto es que era difícil empeorar, pero más allá de esta evidencia sobre la que ya no me regodearé -aunque den ganas de ello-, la buena noticia es que objetivamente estamos ante una consellera y un nuevo "hombre fuerte", Miquel Deyà, que, especialmente como equipo y cada uno en su parcela, conocen el sector y dominan los aspectos económicos de la gestión. Es una verdadera lástima que hayamos perdido tanto tiempo y que en esta legislatura ya poco se pueda hacer para recuperar la senda del acuerdo para tratar de atajar los graves problemas que aquejan a nuestro sistema educativo. El empecinamiento pasado en el error y el monodiscurso relativo al fracasado modelo único del TIL nos han hecho perder energías a todos y ha polarizado no solo a los profesionales, sino a toda la sociedad. Algo que, para mejorar los niveles de inglés de nuestros hijos, era totalmente innecesario.
Naturalmente, que ahora tengamos una nueva responsable del departamento con una formación y un nivel de preparación mucho mejor -y también con mucha más cintura política- y un segundo de a bordo de competencia contrastada, que proviene del equipo que inició la legislatura, no significa que hayan desaparecido todas las disfunciones que se padecen en esa casa, aunque ahora se albergue cierta esperanza de que se corrijan pronto.
Resulta realmente urgente, por ejemplo, que servicios, como el de nóminas, que funcionan pésimamente desde hace años -no sólo esta legislatura-, dirigidos por quienes han encaminado a la administración a perder uno tras otro los litigios a los que se ha abocado a diferentes entidades del sector, experimenten un relevo y se refuercen con profesionales con capacidad de diálogo que conozcan la materia y no pretendan imponer criterios a su antojo. Es inadmisible, y más en la actual coyuntura económica, que se malgasten recursos públicos en sostener ante los tribunales tesis peregrinas que buscan acotar derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada o que limitan las facultades que las leyes otorgan a los empresarios. No puede calificarse de útil un servicio que tenga soliviantado a todo el sector.
En la otra cara de la moneda, la gestión de los pagos de los gastos de funcionamiento ha mejorado y es mucho más fiable, en buena parte por el trabajo que se despliega desde la propia Secretaría General de la Conselleria, pero sin obviar la gestión paralela que se lleva a cabo desde el departamento de Hisenda i Pressuposts que dirige José Vicente Marí, cuya preocupación por priorizar los pagos relativos a educación durante todo su mandato me consta.
Seis meses son pocos para lucirse, máxime si hablamos de un período preelectoral, pero ya es un gran avance recuperar la senda del diálogo. Bienvenido sea, pues, el cambio.
