El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una iniciativa que reclama al Gobierno central la incorporación de un capítulo específico para Baleares y Canarias en los próximos decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a la crisis derivada de la guerra de Irán, atendiendo a las singularidades de ambos archipiélagos.
La propuesta, impulsada por Coalición Canaria y ampliada posteriormente mediante una enmienda de Sumar para incluir expresamente a Baleares, ha salido adelante con el respaldo de PP, Sumar, PNV y ERC, entre otros grupos. El PSOE ha votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido.
Se trata de una moción de carácter no legislativo que tiene su origen en la interpelación que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, dirigió la pasada semana al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación con el impacto de la escalada geopolítica en Oriente Medio.
Informe específico sobre el impacto en los archipiélagos
El texto aprobado insta al Ejecutivo a elaborar y remitir al Congreso, en el plazo más breve posible, un informe detallado sobre las consecuencias de la guerra de Irán en Baleares y Canarias. Dicho documento deberá contemplar distintos escenarios de evolución en ámbitos clave como la energía, la inflación, el abastecimiento, la conectividad, el turismo, la actividad económica y la cohesión territorial.
Asimismo, la iniciativa plantea la posibilidad de establecer compensaciones específicas que corrijan la asimetría derivada de la no aplicación directa en los archipiélagos de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales adoptadas frente a esta crisis internacional.
Garantía de suministro y conectividad
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la exigencia de un plan coordinado entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos de Baleares y Canarias —presididos por Marga Prohens y Fernando Clavijo, respectivamente— para garantizar el abastecimiento y la conectividad en ambos territorios.
Este plan debería contemplar aspectos estratégicos como el suministro de combustibles de automoción, el abastecimiento para la generación eléctrica, el queroseno de aviación, el transporte marítimo de mercancías y la continuidad operativa de puertos y aeropuertos, elementos especialmente sensibles en territorios insulares.
Medidas fiscales y apoyo a sectores vulnerables
La iniciativa incluye además un decálogo de medidas específicas orientadas a mitigar el impacto económico en sectores particularmente expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos, como el agrario, el ganadero o el pesquero.
Entre las propuestas figuran la adaptación de las ayudas estatales a estas actividades, la revisión de los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas no peninsulares —con el objetivo de reflejar el aumento real de los costes del combustible y la logística—, así como la actualización de los tramos más bajos del IRPF.
Del mismo modo, se plantea flexibilizar temporalmente las reglas fiscales para Baleares y Canarias, constituir una mesa permanente de seguimiento entre administraciones y priorizar inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética.
Finalmente, el texto recoge la obligación de que el Gobierno comparezca periódicamente ante el Congreso para informar sobre la evolución de la crisis, las medidas adoptadas y las decisiones previstas específicamente para los archipiélagos en función de los distintos escenarios derivados del conflicto en Irán.
