El Partido Popular ha acusado al Gobierno central de amparar un presunto fraude laboral en la Administración de Justicia en Baleares, tras detectar que decenas de funcionarios habrían estado trabajando durante semanas sin estar dados de alta en la Seguridad Social. La formación ha exigido explicaciones inmediatas y ha señalado directamente al delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez Badal, como máximo responsable político de la situación.
Según el comunicado difundido este miércoles, los ‘populares’ sostienen que no se trata de un hecho puntual, sino de un “fallo grave” que ha provocado el traslado de trabajadores públicos a Baleares sin que se completaran los trámites administrativos básicos para su alta laboral. En concreto, apuntan a alrededor de 70 funcionarios que debían causar baja en sus comunidades de origen y ser dados de alta en el archipiélago, un procedimiento que, según denuncian, no se ejecutó correctamente.
Desde el PP subrayan que estos empleados han desarrollado su labor desde el pasado 20 de febrero “en condiciones impropias de una Administración Pública”, al carecer de alta en la Seguridad Social, cotización efectiva, retribuciones e incluso, en algunos casos, de medios materiales suficientes. La formación considera que esta situación ha generado un escenario de “irregularidad laboral y desprotección social” que afecta directamente a los derechos de los trabajadores implicados.
El tono de las críticas ha sido especialmente duro. Los parlamentarios populares rechazan que se trate de un mero error administrativo y califican los hechos como un “fraude intolerable”, llegando a afirmar que se ha pretendido “normalizar el trabajo en B dentro de la propia Administración del Estado”. Asimismo, advierten de que la regularización posterior de estos trabajadores no exime de responsabilidad, sino que, a su juicio, evidencia la gravedad de lo ocurrido.
En el plano político, el PP responsabiliza directamente a Rodríguez Badal por lo sucedido, al entender que es “el primer y último responsable” de lo que ocurre bajo su autoridad. En este sentido, critican su falta de explicaciones públicas y consideran que su silencio “le delata” y refuerza las sospechas sobre su conocimiento de los hechos.
Además, la formación ha planteado una batería de interrogantes que, aseguran, deben ser respondidos con urgencia: quién dio la orden, quién conocía la situación, por qué se permitió la incorporación de estos trabajadores sin alta y cómo se van a reparar los derechos laborales perdidos.
El PP también alerta de las consecuencias prácticas de esta irregularidad, ya que el tiempo trabajado en estas condiciones no computaría para la vida laboral de los afectados, ni para su pensión o prestaciones, además de haber desempeñado sus funciones sin cobertura ante posibles accidentes laborales.
Finalmente, los populares han advertido de que, si no se ofrecen explicaciones en Baleares, llevarán el asunto al Senado, donde exigirán la comparecencia del delegado del Gobierno para depurar responsabilidades políticas.
EL MINISTERIO DE JUSTICIA LO NIEGA
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Baleares han trasladado a este digital la versión del Ministerio de Justicia de la denuncia formulada por el PP, cuyos extremos niegan de forma categórica.
"Ningún funcionario está prestando servicios sin la correspondiente afiliación a la Seguridad Social. 90 funcionarios de carrera han tomado posesión de sus destinos en Illes Balears en las últimas semanas fruto del proceso de estabilización de personal funcionario de los cuerpos de la Administración de Justicia con la consecuente tramitación de las altas, en todos los casos efectivas desde la toma de posesión. La Gerencia Territorial de Justicia en Illes Balears trabaja de forma coordinada con los órganos competentes para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y asegurar plenamente la seguridad jurídica y laboral del personal al servicio de la Administración de Justicia", apuntan desde el Ministerio de Justicia.
