Las obras sin autorización en la finca Son Aparets Vives de Ciutadella, que afectaron a bienes de interés patrimonial, supondrán una sanción de 350.739 euros, según ha informado este lunes el conseller de Cultura y Educación, Miquel Ángel Maria.
En concreto, se imponen dos multas por valor de 133.384 euros a la empresa Son Aparets SRM, como autora del proyecto básico de la construcción de un cámping en la finca, así como otras dos multas por la misma cantidad a la propiedad de los terrenos.
También se castiga al arquitecto autor del anteproyecto y del proyecto básico con una multas por valor de 83.915 euros.
La Comisión Técnica Asesora de Patrimonio Histórico ha dictaminado a favor de la resolución basada en el informe de los servicios jurídicos del Consell Insular, que concluye con la desestimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por los sancionados y la ratificación de las sanciones impuestas en 2013.
El responsable insular ha subrayado que se trata de la multa por lesiones al patrimonio más alta que se ha puesto nunca en Menorca. "Es una sanción ejemplar y queremos que sea interpretada de este modo por los ciudadanos", ha manifestado Miquel Àngel Maria.
"El Consell de Menorca tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, velar por la protección efectiva del patrimonio y sancionar a las infractores cuando se produzca cualquier tipo de daño", ha señalado Maria, quien ha considerado que la actuación del anterior equipo de gobierno del PP en este caso fue "extraña".
"Sin ningún motivo, la administración insular encargó y pagó un informe a un jurista externo que avalaba la tesis de los sancionados, cuando todos los informes de los servicios jurídicos del Consell de Menorca eran claros en sentido contrario", ha advertido.
"Es una actuación que no se entiende", salvo que lo que se pretendía era dar "marcha atrás y evitar que los presuntos infractores fueran efectivamente sancionados", ha incidido.
El informe encargado por el nuevo equipo de gobierno a los juristas de la institución insular fue enviado al Consell Consultivo de Baleares, que el pasado 19 de octubre dio la razón al planteamiento de desestimación del recurso extraordinario de revisión y confirma las sanciones impuestas por el Consell de Menorca en 2013.
