La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa por su expulsión del pleno del Parlament balear el 15 de octubre de 2024, ordenada por el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), debido a que ambas vestían una camiseta con la imagen de las Rojas del Molinar.
Según recuerda el PSIB, aquel día Garrido y Costa se negaron a cambiarse de ropa durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Le Senne las instó a abandonar la Mesa si deseaban seguir luciendo la prenda; ante su negativa, las llamó al orden y, finalmente, decretó su expulsión. Tras ellas, todos los diputados de PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos abandonaron el hemiciclo.
SEGUNDO RECURSO DE AMPARO
Se trata del segundo recurso de amparo que las socialistas elevan al Constitucional contra decisiones de Le Senne. El primero, admitido en junio de 2024, se refiere al episodio en el que el presidente rompió en pleno una fotografía de Aurora Picornell que Garrido tenía en su ordenador antes de expulsarlas.
La providencia del TC aprecia “especial trascendencia constitucional”, al plantear el recurso un problema sobre un derecho fundamental sin doctrina previa y con potenciales “consecuencias políticas generales”. El tribunal concede diez días al presidente del Parlament para remitir la documentación relativa a sus decisiones del 15 y 23 de octubre de 2024.
El PSIB ha celebrado la decisión. Pilar Costa ha subrayado que no solo se produjo una “clara vulneración de derechos fundamentales”, sino que, en su opinión, detrás de las actuaciones de Le Senne existe “una obsesión por ir contra la memoria democrática de las Islas”. La diputada ha acusado al PP de romper su palabra al pactar con Vox la derogación de la Ley de Memoria, actualmente en tramitación.
Costa destaca también que la admisión no es “fútil”, ya que el Constitucional solo lo hace en “muy pocos casos”, lo que, a su juicio, evidencia la posible existencia de una vulneración de derechos sin precedentes en España.
