El Tribunal Constitucional ha pedido a las abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, así como al letrado mayor del Parlament, que expongan lo que consideren conveniente en relación con la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares. La petición llega a pocas semanas de cumplirse cinco meses desde que la Cámara autonómica derogó la norma, el pasado 24 de marzo.
En una diligencia, el tribunal de garantías ha señalado que, a pocas semanas de cumplirse cinco meses de la derogación de la norma en la Cámara autonómica el pasado 24 de marzo, debe oír a las partes personadas en el procedimiento.
Cabe recordar que el pasado 7 de julio la derogación quedó suspendida después de que el pleno del Constitucional admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central. La suspensión de la vigencia y aplicación de la norma rige desde el 9 de junio, fecha de interposición del recurso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA LA DEROGACIÓN
En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría vulnerar los artículos 15 y 10.1 de la Constitución al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, sostenía que la ley impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución, así como el principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Finalmente, el recurso alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
