El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la derogación de la ley balear de memoria democrática y ha acordado su suspensión.
Según una nota del tribunal de garantías, la suspensión de la vigencia y aplicación de la derogación se aplica desde el pasado 9 de junio, fecha en la que se interpuso el recurso, y desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO
En su recurso, el Gobierno central planteaba que la derogación podría ser contraria a los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al suprimir el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, sostenía que la norma impugnada podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en particular los artículos 149.1.1 y 149.1.30 de la Constitución, así como el principio de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Finalmente, el recurso alegaba que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
UNA LEY DEROGADA EN MARZO
La derogación de la ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aprobada originalmente en 2018, fue sacada adelante por el Parlament el pasado 10 de marzo con los votos de PP y Vox, y se publicó posteriormente en el BOE el 10 de abril. Tras consumarse la derogación, el Gobierno central ofreció al Govern balear abrir una negociación para restituir la norma, una vía que finalmente no prosperó, lo que llevó al Ejecutivo a presentar el recurso ante el Constitucional.
Con la suspensión acordada ahora por el TC, la ley balear de memoria democrática recupera de forma cautelar su vigencia mientras el tribunal resuelve sobre el fondo del recurso.
