La tensión entre los miembros del equipo de gobierno en Sa Pobla (IxSP-Pi, Més y PSIB) ha sido más que palpable este jueves en el pleno municipal. La polémica destapada por mallorcadiario.com respecto al pago al arquitecto municipal por las 'facturas extra' y que ascienden a más de 460.000 euros está haciendo mella en el pacto. Ha sido precisamente la tensión interna la que ha provocado la retirada del orden del día del punto relativo a dicho pago. El que el arquitecto presentase las facturas al ser despedido en 2012 y que fueran de trabajos supuestamente realizados en 2008, 2009 y 2010 mantiene con la mosca detrás de la oreja a la mayoría de representantes del pacto pobler. Se le suma, además, que no haya hasta el momento un informe del secretario municipal que avale su legalidad. Mientras, el alcalde, Biel Ferragut, mantiene la convencia de pagarle, ni que sea una parte, porque hay una transacción en marcha y dice que "si al final se tienen que pagar los casi 500.000 euros será responsabilidad de todos". Eso, en relación a cómo se pueda pronunciar la Justicia al respecto.
Cabe recordar que coincidiendo con la decisión del PP de no renovar el contrato al arquitecto municipal de Sa Pobla "por desconfianza" él presentó facturas por valor de más de 460.000 euros. De hecho, se le comunica en diciembre de 2011 y en enero de 2012 entra en el Registro de Entrada facturas proforma de fecha 10 de enero de 2011 por un importe total de 454.575 euros y una de fecha 1 de Junio de 2011 por importe de 13.621,69 euros, correspondientes a trabajos supuestamente realizados en 2008, 2009 y 2010.
Tras la no renovación de su contrato, el arquitecto -al que el actual equipo de gobierno de izquierdas ha vuelto a contratar (IxS-Pi, Més y PSIB)- denunció su despido que ya quedó resuelto pero quedó pendiente el tema de las facturas.
Desde el PP-Sa Pobla aseguran que "los trabajos facturados debían figurar en el contrato de prestación de servicios. El importe de los mismos, además, demostrarían que esta contratación directa, por adjudicación, es ilegal y vulnera la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, ya que debería haberse licitado".
