Durante la Transición española, dos entidades nacidas en la clandestinidad la Unión Militar Democrática (UMD) y el Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) emergieron como movimientos cruciales en la lucha por la democratización de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
La UMD, fundada en septiembre de 1974 por oficiales militares, abogaba por la instauración de la democracia y el fin del régimen franquista. En paralelo, el SUGC peleaba por el reconocimiento del derecho de sindicación y la desmilitarización de la Guardia Civil, desafiando su naturaleza militar y buscando transformar la institución a través de otorgar derechos civiles para sus miembros.
UNIÓN MILITAR DEMOCRÁTICA
La UMD fue fundada por tres comandantes y nueve capitanes. Sus principales ideólogos fueron los comandantes de ingenieros Julio Busquets y Luis Otero. Surgió en un contexto de oposición al régimen dictatorial del general Franco y sus miembros trabajaron en estrecha colaboración con movimientos democráticos en Portugal, como los llamados capitanes de abril que protagonizaron la Revolución de los Claveles. A pesar de sus esfuerzos por promover una transición pacífica hacia la democracia, los miembros de la UMD fueron perseguidos, privados de libertad y finalmente expulsados del Ejército.
La UMD se autodisolvió en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio. La Ley de Amnistía de aquel año amparó a sus integrantes amnistiando sus penas, pero no se contempló su reingreso en el Ejército. Por el contrario, los funcionarios civiles amnistiados, sí pudieron reincorporarse al servicio.
SINDICATO UNIFICADO DE LA GUARDIA CIVIL
El germen de la creación del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) fue la manifestación de unos 300 policías y guardias civiles celebrada el 17 de diciembre de 1976 en Madrid. Reclamaban mejoras salariales y, principalmente, derecho a la Seguridad Social. La represión fue atroz: 200 agentes fueron detenidos, expedientados y recluidos en los sótanos de la Dirección General y las academias de Aranjuez y Valdemoro. 50 agentes fueron expulsados, aunque algunos pudieron reingresar tras recurrir a los tribunales. Pero a pesar de la represión desatada por el Estado Mayor de la Guardia Civil, el Gobierno finalmente concedió a los guardias civiles el derecho a acogerse al régimen general de la Seguridad Social, garantizando su asistencia sanitaria y la de sus familiares en todo el territorio nacional.
Pasarían 10 años hasta que el 21 de mayo de 1986 se constituyó en la clandestinidad el SUGC, celebrando en Madrid su primer congreso, con la inestimable ayuda del Sindicato Unificado de Policía (SUP), legalizado dos años antes.
En septiembre de ese mismo año, el guardia civil Fernando Rayo y el cabo Manuel Rosa fueron detenidos y encarcelados en el castillo militar de Santa Catalina (Cádiz). Al cabo Rosa se le aplicó la ley antiterrorista, por lo que permaneció incomunicado durante tres días y el registro de su domicilio se hizo sin testigos.
EPISODIO EN MALLORCA
Más tarde se les uniría un guardia civil detenido el 1º de septiembre de 1986 en Palma, acusado de haber realizado un mes antes una pintada en los baños de la Comandancia, que rezaba: “Mamones, jefes cabrones, pagar pluses a 3.060 pesetas, viva el SUGC”. Se trataba de Fernando González Muñoz, natural de Sevilla, a quien encerraron en la cárcel militar de Illetas.
Fue sometido a consejo de guerra y acusado por la Fiscalía militar de injurias. Pidieron para él dos años de prisión. El juez togado militar le sentenció a un año de reclusión en el castillo de Santa Catalina, donde ya estaba el cabo Rosa, acusado de incitación a la sedición y el guardia Fernando Rayo, acusado de deserción.
Hubo muchos más represaliados en toda España. Entre los más notables hay destacar a los guardias civiles Manuel Linde (ya fallecido), José Carlos Piñeiro, y al sargento José Morata, todos ellos expulsados del Cuerpo.
REPARACIÓN
Con el paso del tiempo, y en reconocimiento a sus sacrificios, el Estado reconoció la lucha a favor de la democracia de los miembros de la UMD y del SUGC, precursor de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y otras asociaciones profesionales reconocidas oficialmente en 2007.
En el caso de la UMD, la Ley 24/1986, de 24 de diciembre, de rehabilitación de militares profesionales, aprobada siendo presidente del Gobierno Felipe González, ordenó la rehabilitación “de las penas accesorias de separación del servicio o pérdida de empleo, y de sus efectos, los militares profesionales a quienes les fue aplicada la Ley de Amnistía 46/1977”.
Tuvieron que transcurrir 33 años para que los miembros de la UMD recibieran el homenaje y reconocimiento por su sacrificio en pos de la democracia desde el interior de las fuerzas Armadas. En febrero de 2010, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, condecoró con la Cruz al Mérito Militar y Aeronáutico a 14 “úmedos” (así eran conocidos internamente los miembros de la UMD).
En el caso del SUGC, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 11 de julio el Proyecto de Ley Orgánica del derecho de defensa, tras lo cual fue remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
El texto aprobado contempla en su disposición adicional cuarta, la rehabilitación a antiguos guardias civiles. Dicha medida supone la readmisión de los guardias civiles José Morata, Manuel Rosa, José Carlos Piñeiro y Manuel Linde (ya fallecido), quienes fueron expulsados hace 27 años por sus actividades sindicales. Esta decisión, aprobada por el Congreso, simboliza un paso importante hacia la reparación de quienes abrieron camino para democratizar la Guardia Civil.
José Morata es uno de los fundadores de AUGC, antes llamada Coproper 6-J, por lo que esta asociación profesional, tras muchos años reivindicando la readmisión de quien fue uno de sus principales dirigentes y un compañero muy estimado, que padeció en sus propias carnes la persecución por promover los derechos constitucionales de los miembros de la Guardia Civil, se muestra profundamente satisfecha.
La readmisión de los guardias civiles represaliados fue aprobada por 178 votos a favor, 170 abstenciones y ningún voto en contra. Hay que matizar que debido a su edad, pasarán a la situación de retiro y no percibirán ninguna retribución, aunque sí se beneficiarán de la actualización de sus pensiones.
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