Los trabajos de limpieza han comenzado este viernes y está previsto que se prolonguen durante los próximos días, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Los operarios están apoyados por cuatro camiones de 26 toneladas de capacidad una retroexcavadora giratoria, una pala mixta de neumáticos y un camión tráiler articulado con plataforma.
Los informes técnicos de los que dispone Cort apuntan a un elevado riesgo de incendio tanto por la acumulación de basura como por las propias características del edificio. En este sentido, se espera que la limpieza facilite el acceso y el correcto desarrollo del trabajo de los bomberos en caso de emergencia, garantizando que puedan actuar con mayor eficiencia.
Al margen de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha instalado dos contenedores de recogida lateral de gran capacidad en las inmediaciones de la antigua prisión con el objetivo de facilitar que los ocupantes puedan colaborar en la limpieza de las zonas comunes, especialmente aquellas por las que deben acceder los servicios de emergencia.
VISITA DEL ALCALDE
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha realizado un seguimiento permanente del proceso y esta tarde, junto al regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y mandos de la Policía Local, ha comprobado el trabajo que se está llevando a cabo.
Martínez ha agradecido a los efectivos implicados su trabajo y dedicación durante estos días y ha puesto en valor la labor de los equipos municipales que participan en el operativo.
El Ayuntamiento informó hace diez días del inicio del proceso para desalojar a las personas que viven en la antigua prisión. Según manifestó el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, la decisión se adoptó después de que se produjeran en un fin de semana cuatro incendios en el interior del inmueble. En uno de ellos, los bomberos tuvieron que rescatar a varios moradores.
170 DE 206
Hasta el momento, 170 de los 206 residentes ya han sido notificados del procedimiento de desalojo. Cada uno de ellos dispone de un plazo individual de cinco días hábiles para presentar alegaciones desde el momento en que recibe la notificación.
Una vez finalizado este plazo, se dictará el acuerdo que obligará a cesar la ocupación del inmueble en un plazo máximo de cuatro días. En caso de que no se produzca el abandono voluntario del recinto, se procederá a solicitar la correspondiente autorización judicial.
