El Govern balear ha reafirmado su apuesta por establecer requisitos de residencia legal para acceder tanto a la vivienda de protección pública como a determinadas prestaciones sociales, en medio del debate político abierto en torno a la denominada “prioridad nacional”. El portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidente primero, Antoni Costa, ha defendido este viernes que exigir cinco años de residencia para optar a una vivienda pública y tres para percibir la Renta Social Garantizada (Resoga) responde a criterios de “sentido común”.
“Es de sentido común priorizar a la gente de aquí”, ha sostenido Costa durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha querido marcar distancias respecto al debate impulsado por Vox a nivel nacional. “El concepto que manejamos en Baleares es muy claro. Si el debate nacional se lleva a un concepto que se ha puesto ahora encima de la mesa, nosotros no vamos a contribuir al debate”, ha afirmado.
El portavoz ha insistido en que el Govern ya aplica su propio modelo, basado en la exigencia de periodos mínimos de residencia legal como condición de acceso a recursos públicos. En este sentido, ha recalcado que esta política no responde a planteamientos ideológicos, sino a la necesidad de ordenar el acceso a unos servicios limitados y garantizar su sostenibilidad.
En relación con la proposición no de ley registrada por Vox en el Parlament balear, que plantea dar preferencia a los ciudadanos españoles en el acceso a servicios públicos, Costa ha admitido que no ha analizado en detalle el contenido de la iniciativa. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de respaldo por parte del PP si la propuesta coincide con el enfoque del Govern. “Si coincide con este tipo de prioridad para los residentes, no tendremos inconveniente”, ha señalado.
El vicepresidente ha reforzado su argumentación recordando que existen precedentes tanto a nivel autonómico como estatal. Así, ha apuntado que en algunos municipios de Baleares gobernados por fuerzas de izquierda “se exigen directamente 15 años de residencia” para acceder a viviendas protegidas, una práctica que ha subrayado es “perfectamente legal”. “Y lo vamos a defender donde haga falta”, ha añadido.
Asimismo, ha puesto como ejemplo la normativa estatal, que establece la necesidad de acreditar diez años de residencia legal en España para poder acceder a una pensión no contributiva, evidenciando que este tipo de requisitos forman parte del marco habitual de acceso a determinadas prestaciones.
Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, ha respaldado la posición del Ejecutivo autonómico, insistiendo en la necesidad de centrarse en medidas “efectivas” y aplicables. “Más allá del debate de los conceptos, se trata de poner orden en las prestaciones y exigir unos requisitos mínimos”, ha defendido. “Nos quedamos con la practicidad”, ha concluido.
LEY DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
El Govern balear mantiene la confianza en que las enmiendas presentadas por el PP a la ley de proyectos estratégicos salgan adelante durante su tramitación parlamentaria, pese a que, por el momento, no cuentan con el respaldo de Vox. El portavoz del Ejecutivo autonómico y vicepresidente primero, Antoni Costa, ha trasladado este viernes un mensaje de “máxima tranquilidad” y ha considerado que un eventual voto en contra de la formación sería “difícil de entender”.
“Falta mucho tiempo todavía”, ha remarcado el portavoz, quien ha detallado que restan por celebrarse nuevas sesiones de ponencia, así como su paso por comisión y, posteriormente, por el pleno del Parlament. Un calendario que, según ha apuntado, ofrece margen suficiente para reconducir la situación y alcanzar acuerdos que permitan la aprobación de las modificaciones planteadas por el grupo popular.
En este contexto, Costa ha confirmado que el PP estudia la posibilidad de negociar con Vox para recabar su apoyo, aunque ha subrayado que estas conversaciones se afrontan desde la “absoluta tranquilidad” y sin renunciar a las denominadas “líneas rojas” del Ejecutivo autonómico. “Ya veremos si es posible o no”, ha indicado, dejando abierta la evolución de las negociaciones en las próximas semanas.
El portavoz también ha deslizado una crítica velada a la posición de Vox, al señalar que “tampoco se entendería” que la formación defendiera públicamente determinadas rebajas fiscales, como la del impuesto de transmisiones patrimoniales, y posteriormente rechazara iniciativas en esa línea cuando son impulsadas por el PP.
La ley de proyectos estratégicos constituye una de las iniciativas clave del Govern en esta legislatura, orientada a agilizar la tramitación de inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo económico de Baleares. Su tramitación parlamentaria se perfila, no obstante, como un escenario de negociación política en el que el respaldo de Vox puede resultar determinante para la aprobación definitiva del texto.
