El Govern ha optado por una vía que, en tiempos de incertidumbre, no solo es sensata, sino imprescindible: escuchar antes de actuar. La decisión de reunirse con todos los partidos, agentes sociales y sectores económicos más afectados para diseñar un plan anticrisis no es una señal de debilidad, como pretende caricaturizar la oposición, sino de responsabilidad institucional.
La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio tiene un impacto directo en los costes de producción, el transporte y, en última instancia, en el bolsillo de ciudadanos y empresas. Ante un escenario así, el Gobierno central ya ha movido ficha con dos decretos ley que incluyen rebajas fiscales y ayudas directas. A partir de ahí, lo lógico es que las comunidades autónomas, consells insulars y ayuntamientos complementen esas medidas en el ámbito de sus competencias.
A partir de ahí, lo lógico es que las comunidades autónomas, consells insulars y ayuntamientos complementen esas medidas en el ámbito de sus competencias
Eso es exactamente lo que plantea el Ejecutivo de Marga Prohens: diseñar un paquete propio, adaptado a la realidad balear, tras haber tomado el pulso tanto a los sectores económicos como al resto de fuerzas políticas. Se trata evitar improvisaciones y de garantizar que cada euro público tenga impacto real.
Las críticas por la supuesta “demora” carecen de consistencia. De hecho, los propios sectores afectados han trasladado al Govern que primero correspondía actuar al Estado, que es quien dispone de las herramientas fiscales más potentes. Pretender lo contrario no es más que una lectura interesada, propia de un clima preelectoral en el que algunos confunden oposición con ruido.
En una crisis de esta magnitud, el esfuerzo debe ser compartido. Administraciones, partidos y agentes sociales están llamados a arrimar el hombro. Y quien se niegue a hacerlo quedará retratado. Porque lo que está en juego es la estabilidad económica de Baleares, su tejido productivo y las familias.
