En días como el de ayer me pregunto para qué diantre malgasté cinco largos años de mi juventud en estudiar una carrera universitaria como la de Derecho, que no era precisamente lo que el cuerpo acostumbraba a pedirme en los ya lejanos años ochenta. A ver, tampoco es que aquello fuera un valle de lágrimas precisamente, pero las horas pasadas a la fuerza frente a los manuales de don José Castán Tobeñas y otros sesudos maestros de la cosa no se olvidan fácilmente. Cuando llevaba cuatro o cinco horas seguidas y comenzaba a estar hasta el mismísimo gorro, salía de mi celda cual conde de Montecristo y le espetaba a mi santa madre ¡¿Por qué no me hice fontanero?! Ella reía y me preparaba un café, orgullosa en el fondo de que hubiera abandonado los siempre precarios vericuetos del periodismo y los hubiera trocado por las leyes. Luego, regresaba a mi madriguera a seguir leyendo estas cosas tan divertidas y hacerme esquemas para el examen de turno. En aquel entonces, no se regalaban títulos universitarios para no traumatizarnos, como temo que ocurra hoy con la generación de cristal que hemos malcriado.
Ayer se hizo pública la cacareada sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la filtración de datos confidenciales de un ciudadano encausado por parte del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque ya se conocía el veredicto y los políticos de su cuerda ya habían despotricado contra el sentido del mismo vomitando toda una sarta de memeces y desvaríos, ayer la cosa se desmadró.
Miles de progres y afines al sanchismo inundaron rápidamente las redes sociales con sus exabruptos en contra de los miembros del tribunal, a quienes acusaron de parciales, prevaricadores, corruptos, fascistas y lindezas por el estilo.
Lo chusco es que una resolución que ocupa 238 folios y que, por fuerza, tiene que estar sobradamente motivada -se esté de acuerdo o no con la deducción jurídica de la mayoría, que eso es opinable, especialmente entre juristas- sea despellejada por zotes, sandios y badulaques de toda condición, la mayor parte de los cuales no habrá leído en toda su vida siquiera un libro de 238 páginas. Porque, claro, el jurista accidental no necesita leer para juzgar el acierto o el error de una sentencia, virtud que yo no he sido capaz de adquirir pese a mis 35+5 años peleándome con las leyes. A ellos les basta por preguntar de qué pie político cojea el reo para saber si éste es culpable o inocente.
A media mañana de ayer me pasaron el texto íntegro de la sentencia y, como haría cualquier abogado, fui directamente a los hechos probados, es decir, al nudo gordiano de la resolución, seis páginas, pues lo demás se trata ‘simplemente’ de hallar un encaje lógico de dichos hechos entre los tipos -artículos, que los juristas hablamos raro- del Código Penal. Pero, claro, ese ‘simplemente’ ocupa en esta sentencia nada menos que otras 158 páginas, de manera que sopesar la labor de siete magistrados, los mejores de su clase -por eso están en el Tribunal Supremo-, siete de nuestros más ilustres cocos del derecho, dándole vueltas durante semanas a las pruebas practicadas y al código penal, barrunto que no es fácil ni está al alcance de legos e iletrados.
Cómo será de compleja la cuestión que, sobre unos mismos hechos probados, -que ninguno de los jueces cuestiona-, dos magistradas han disentido de la conclusión mayoritaria.
Se puede, pues, legítimamente, discrepar de la sentencia si uno tiene suficientes conocimientos de leyes y se ha tomado, al menos, la molestia de leerla. Lo que no es de recibo es que Pedro Sánchez quiera convencernos de que vale lo mismo la opinión de cualquiera de estos siete magistrados que la de los ciclados y apesebrados periodistas de la SER, TVE y demás medios del régimen, o incluso, que la los de los tiktokers, youtubers, facebookeros y abuelos sin fronteras con los que el sanchismo trata de hacernos creer que estamos ante un escándalo mayúsculo.
Si tanto les pone opinar acerca de las sentencias del Tribunal Supremo, que hubieran estudiado Derecho, leches.
