La, de momento, última operación contra el narcotráfico en Palma desdibuja el mapa de la venta y menudeo de droga de la ciudad. Efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local han llevado a cabo la operación “Atila” en la barriada palmesana de La Soletat para intentar finiquitar la estructura del clan del Pablo, alias de Pablo Campos Maya, que cumple condena de cuatro años y medio de prisión.
El esfuerzo conjunto de ambos cuerpos y de la Guardia Civil en los últimos meses es encomiable. El pasado junio se desarticuló una banda de narcotraficantes dirigida por nigerianos, que abastecía de droga a Son Banya. Precisamente el poblado marginal del levante de Palma ha sido objeto de numerosas incursiones que han conllevado la detención de los principales cabecillas del supermercado de la droga. Ello, unido a la inminente demolición de las infraviviendas, ha tenido como resultado que el tradicional comercio ilegal de estupefacientes busque nuevos lugares en los que asentarse.
Ello debe poner en guardia a las autoridades competentes y a los mandos responsables de la seguridad ciudadana. Los vecinos de es Pla de na Tesa en Marratxí han denunciado la llegada de familias de clanes de Son Banya que han ocupado viviendas en lo que hasta ahora era un tranquilo núcleo residencial. Por otra parte, el barrio no recepcionado del Hoyo, en el Secar de la Real de Palma, está en el punto de mira para evitar que de lugar de menudeo de hachís pase a verdadera zona caliente de la venta de droga.
No es necesario caer en el alarmismo para valorar la posibilidad de que la venta de drogas busque alternativas a la ofensiva sin cuartel de la Policía. Palma hace tiempo que ha adquirido el estatus de gran ciudad, por lo que la evolución del crimen en urbes como Madrid o Barcelona debe alertarnos de la, por desgracia, previsible llegada de narcopisos y de la proliferación del menudeo en las calles.
Policía Local de Palma, Policía Nacional y Guardia Civil merecen el aplauso y reconocimiento a su incansable labor. El esfuerzo debe ir parejo al apoyo de la sociedad y al firme compromiso de los políticos gobernantes que, sin ambages, rodeos o proclamas políticas, deben ser firmes ante una actividad ilegal que beneficia a las mafias y que destruye la vida de nuestros conciudadanos.
