Avanza la investigación de la Guardia Civil y poco a poco se conoce el enorme drama humano tras la estafa inmobiliaria que deja hasta 200 afectados y un montante defraudado que puede superar los cuatro millones de euros. La Operación Lloriguera ha destapado lo que puede ser la mayor estafa inmobiliaria jamás conocida en Baleares.
Se prevé un proceso judicial largo y doloroso. Los afectados (algunos han perdido más de 25.000 euros que adelantaron para la compra de una vivienda que nunca existió) deben encarar un verdadero calvario en el que las posibilidades de recuperar su dinero resultan, cuando menos, dudosas. Los responsables y aquellos involucrados en el presunto entramado delictivo deberán responder ante la Justicia, bien con el dinero del que se han apropiado, bien con su capital o bienes materiales. La sombra de una alegación de insolvencia por parte de los investigados en el caso de que sean declarados culpables, no hace más que agravar la preocupación de los estafados.
No es este un caso en el que el Estado pueda responder, no se trata de una catástrofe natural, no hay fondo de compensación ni seguro que cubra una operación que según los propios abogados es “una estafa de libro”.
Cabe recordar el caso Fórum Filatélico-Afinsa por el que el 13 de Julio de 2018 se condenó a 20 de los 27 acusados, a penas de hasta 12 años de cárcel por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales. Los estafados aún buscan la forma de recuperar su dinero. Salvando las distancias y con la lógica precaución que se impone ante un hecho aún en investigación, la estafa inmobiliaria en Baleares no puede acabar deviniendo en un callejón sin salida en el que la víctima de un delito nada consiga. En el caso de que se demuestre la culpabilidad de las personas detenidas o investigadas y si éstas declaran insolvencia, los afectados quedarán en una situación de indefensión y desamparo difícilmente entendible en un estado de derecho.
Es este un caso más, por desgracia, que debe llevar a asociaciones de consumidores y fuerzas políticas de todo signo a valorar qué mecanismos de compensación pueden establecerse en casos de estafas de semejante calibre en los que la única falta de las víctimas ha sido, tan sólo, querer labrarse una vida mejor y aspirar a tener una vivienda digna, tal y como dice nuestra Constitución.
