El nuevo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030) aprobado este martes por el Consejo de Ministros, asigna 168 millones de euros al Govern balear para invertir en construcción de vivienda pública y asequible, rehabilitación del parque residencial y ayudas al alquiler, en especial para jóvenes y colectivos vulnerables.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha alzado la voz ante lo que considera una intromisión del Ejecutivo central en una materia que le es propia, reclamando libertad para gestionar los 168 millones previstos sin condicionantes políticos ni normativos impuestos desde Madrid.
El diseño del plan estatal establece no solo la financiación —con un esquema de reparto del 60% por parte del Estado y el 40% de las comunidades—, sino también una serie de requisitos que, en la práctica, obligan a las autonomías a plegarse a un modelo único de política de vivienda. Este enfoque, del que presume el Gobierno central ya que “no va a limitarse a aportar la financiación sin poder influir en las políticas”, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lejos de favorecer la eficacia, ignora la diversidad territorial y las particularidades de territorios como el balear.
Baleares no puede ser tratada como una comunidad más. Su realidad —marcada por la presión turística, la escasez de suelo y el encarecimiento extremo de la vivienda— exige respuestas propias, adaptadas y ágiles. Pretender condicionar la llegada de fondos a la adopción de determinadas políticas rechazadas por los ciudadanos en las elecciones, equivale, en la práctica, a recentralizar competencias y vaciar de contenido el autogobierno.
El Govern acierta al exigir libertad para decidir cómo invertir estos recursos. No se trata de rechazar la colaboración con el Estado, sino de reivindicar un principio básico del Estado autonómico: que cada administración actúe dentro de su ámbito competencial con plena capacidad de decisión. La cooperación no puede convertirse en imposición.
En un momento de crisis habitacional sin precedentes, lo urgente no es uniformizar políticas, sino permitir que quienes mejor conocen el territorio —las comunidades autónomas— puedan actuar con eficacia. Condicionar los fondos no solo es un error político; es, sobre todo, un obstáculo para resolver el problema
