El último año de legislatura amenaza con ser un verdadero calvario para el Pacte 3.0. Cuesta creer que se repitan, una y otra vez, los errores de sus predecesores de 1999 y 2007. Como en ocasiones anteriores, se ha malgastado el primer año despotricando contra el ejecutivo popular que les antecedió. No seré yo quien glose virtudes de José Ramón Bauzá, experto en dilapidar absurdamente una cómoda mayoría absoluta de centroderecha, pero el Govern Armengol y sus trasuntos del Consell y Cort pagarán muy caro el haberse centrado en sus obsesiones ideológicas, dejando completamente al margen la gestión, que, como siempre, quedará para los próximos inquilinos de las instituciones.
Resulta kafkiana la situación -que estos días se ha desbordado, nunca mejor dicho- de las depuradoras de aguas residuales -no solo las de Palma-, como lo fue hace un par de años la obsolescencia de las desaladoras, como lo es la de las carreteras, la saturación del tráfico en zonas urbanas, o la seguridad de nuestras playas, y un larguísimo etcétera. Casi todas las medidas adoptadas hasta la fecha destilan ideología, es decir, se gobierna para satisfacer a unos pocos y se prescinde de gestionar e invertir, lo que beneficiaría a todos.
Y, cuando la legislatura agoniza, acuciados por las demandas de sus propios votantes -muchos de ellos, futuros exvotantes- las instituciones gobernadas por el Pacte van y anuncian, o bien proyectos fantasmagóricos e irrealizables, o bien medidas que ellos ya no podrán poner en marcha por falta de tiempo y presupuesto, con la vana esperanza de engañar una vez más al electorado en 2019 con promesas que ya sabemos que van a incumplir, como ha ocurrido siempre hasta ahora.
Solo así se explica, por ejemplo, que la responsable de EMAYA, Neus Truyols, anuncie una nueva depuradora para Palma para dentro de cuatro años, es decir, para que la hagan otros; o que se saque del baúl de los recuerdos y se tunee un viejo proyecto de tranvía hasta la Playa de Palma, que nadie sabe cómo se va a financiar ni qué impacto va a tener sobre el maltrecho tráfico rodado de Ciutat. En materia de carreteras, en cambio, no anuncian nada, porque su ala izquierda se lo tiene prohibido, y así resulta que terminaremos este curso entre comicios con apenas el apaño del segundo cinturón a su paso por Son Ferriol -si es que no se vuelve a paralizar-, algo totalmente chusco y escandaloso se mire por donde se mire y, con muchísima suerte, se habrán iniciado los trabajos de desdoblamiento del tramo Llucmajor-Campos, obra a la que una facción de la izquierda organizada que dio apoyo al Pacte se opone frontalmente, pues les parece más importante poner trabas al tráfico para ahuyentar turistas que salvar vidas humanas.
El Pacte, con su inacción o con medidas teñidas de populismo barato, lo que ha conseguido es cabrear a multitud de colectivos importantes en la vertebración social. Sin ir más lejos, tiene enfurecidos a pequeños propietarios de apartamentos y de casas en suelo rústico, a agricultores, a taxistas, a pequeños comerciantes, a guías turísticos, a conductores -profesionales y particulares-, al personal sanitario, a bañistas, a alcaldes de sus propios partidos, a la sociedad civil que impulsó un pacto educativo, a aficionados a los toros, a jóvenes sin acceso a la vivienda, a sujetos pasivos de los impuestos de Sucesiones y de Transmisiones, a los ecologistas, a los policías locales, a los opositores, a quienes viven de un demonizado turismo... Es difícil que usted no se halle en alguno de los grupos anteriores.
A día de hoy, deduzco que el futuro Pacte 4.0 solo tiene asegurado el apoyo -que no el voto- de las mafias de falsos indigentes, de manteros, de grafiteros y de algunos de los colectivos de banderita y lazo que tanto les gustan a sus dirigentes.
Un tristísimo balance imposible de maquillar.
