La Audiencia de Palma inicia este martes el juicio por el mayor incendio forestal que ha sufrido Baleares en los últimos años. La Sección Segunda celebrará una vista previa del proceso que juzga a un individuo acusado de haber provocado el incendio que quemó casi 2.400 hectáreas de la Serra de Tramuntana en 2013. La fiscalía le reclama una pena de siete años y medio de cárcel y cuantiosas indemnizaciones económicas.
El acusado reconoció haber provocado el fuego de forma involuntaria cuando el 26 de julio de 2013 esparció los residuos de una barbacoa sin extinguir sobre restos de una poda que prendieron y afectaron a los árboles cercanos. A partir de ahí, el fuego se desató con toda su crudeza y durante días consumió miles de árboles de la Serra. Ocurrió en una finca del Camí de Son Jovera, en Andratx, y durante casi una semana puso en jaque a los servicios de extinción y de emergencias. El daño producido en una zona protegida y de gran valor ecológico fue notable.
La fiscalía le imputa un delito de incendio forestal, lo que se traduce en una elevada petición de cárcel además de una multa que permita indemnizar a los perjudicados: los que sufrieron daños en sus fincas, el servicio de Bomberos del Consell, la Conselleria de Medio Ambiente -por los costes de los medios aéreos y terrestres y la restauración de la zona afectada-, el Ayuntamiento de Andratx y el servicio de carreteras del Consell. En total, algo más de seis millones de euros.
La petición de pena es elevada, pero deben considerarse los efectos que una imprudencia -y el incumplimiento de hacer fuego en las condiciones climatológicas que existían el día del incendio- provocaron en uno de los entornos naturales más emblemáticos de Mallorca, poniendo en riesgo, además, la vida de centenares de personas, muchas de las cuales tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas.
El suceso nos recuerda la fragilidad del medio natural y las tragedias que pueden provocar colillas arrojadas a una cuneta, barbacoas en pleno bosque o imprudencias semejantes. Son riesgos que no se pueden asumir y que, de producirse lo que nadie desea, deben conllevar consecuencias, especialmente severas si se han incumplido las peticiones expresas de las administraciones.
