Son nueve puntos, nueve condiciones para prestar apoyo a un futuro Govern tras el próximo 24-M. Y los ponen encima de la mesa y con firma ante notario para dejar constancia de su carácter "irrenunciable". Proposta per les Illes ha sellado este martes el compromiso con su electorado estampando esta firma, con la que exigen las siguientes cuestiones:
1. Dictar en un plazo máximo de un mes desde su toma de posesión una moratoria de grandes superficies comerciales que, como mínimo, impida la autorización de nuevas hasta que se apruebe el Plan Director Sectorial de Comercio.
2. Asumir el pacto educativo, la derogación explícita y total del TIL, recuperar el decreto de mínimos, consenso con los docentes para definir el calendario y los cambios necesarios para implementar las previsiones del pacto.
3. Acordar un nuevo sistema de financiación que en la próxima legislatura iguale Balears con la media estatal. El partido retirará el apoyo a cualquier partido cuyos representantes baleares no voten de acuerdo con estos criterios en el Congreso de los Diputados.
4. Contención tributaria. La presión fiscal se debe contener y un rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares.
5. Regulación del alquiler turístico.
6. Pacto por la eficiencia sanitaria. Equiparar las ratios de personal sanitario por habitante con la media estatal. Recuperar el llamado "Decret de demora" para conseguir reducir las listas de espera.
7. Defensa de la personalidad colectiva de la Comunidad, recuperar la Ley de Normalización de 1986, derogar la ley de símbolos y exigencia del conocimiento de la lengua propia de las Islas Baleares para acceder a la función pública.
8. Transparencia. Los secretarios generales de las consejerías, que son los órganos administrativos responsables de las contrataciones, dejarán de ser cargos políticos y deberán ser cubiertos por funcionarios que tendrán garantizado el cargo bien de forma permanente o, como mínimo, durante un plazo de 8 años .
9. Cumplimiento del Estatuto, tanto en relación a la aprobación de un régimen especial fiscal que realmente compense el hecho insular calculado en unos 8.000 millones de euros, como en el traspaso de las competencias pendientes como justicia.
