El juicio sobre el Caso Over que se celebra desde este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha supuesto el reconocimiento de una práctica fraudulenta por parte del Partido Popular de Balears durante la época de Jaume Matas. El que fuera presidente del partido y dos veces presidente de la comunidad se confesó culpable de haber cometido fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación a fin de financiar la campaña electoral del 2003.
Matas, que se enfrenta en este caso a su enésima comparecencia judicial, pactó con fiscalía reconocer la comisión de los delitos a cambio de rebajar la inicial petición de diez años de cárcel hasta una condena de dos años que podrá sustituir por el pago de 18.000 euros de multa. Matas se libra así de sumar más cárcel a su catálogo de condenas; de hecho fue trasladado desde la prisión de Aranjuez donde cumple condena por el Caso Nóos.
Las prácticas fraudulentas fueron confirmadas este martes ante el tribunal por el publicista y propietario de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, al declarar que el partido le pagó en negro una parte de la campaña electoral. El resto lo recuperaría mediante contratos con la administración. Mercado también ha pactado con fiscalía un reconocimiento de los hechos que le rebaja la petición inicial a un año y tres meses de prisión, que será sustituido por una multa de 5.400 euros
Habrá que esperar a la resolución final del tribunal, pero según avanza el juicio, el caso pone sobre la mesa una práctica corrupta de la que quedaría por conocer el alcance de los implicados. Muchas miradas se centran en el ex conseller de Interior y ex presidente del PP en Palma, José María Rodríguez, que también está acusado, pero que no ha querido aceptar ningún tipo de acuerdo ni reconocimiento de culpa.
El caso Over recuerda causas judiciales en las que se ha visto implicado el PP en otros territorios, alguna de ellas también con la intervención de Daniel Mercado, y que han significado severas consecuencias para el partido, incluida la pérdida del poder en el Gobierno de la nación. Gurtel, Púnica… son casos que ilustran una forma de actuar muy lejana de los estándares de transparencia y legalidad establecidos y actualmente asumidos por todas las formaciones políticas. Son muchos los que señalan que eran prácticas comúnmente aceptadas hace quince o veinte años. Sea como fuere, los implicados deben rendir cuentas ante la justicia asumiendo sus consecuencias. Y las estructuras políticas deben purgar todas aquellas actuaciones que puedan despertar cualquier mínima sospecha de fraude.
