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El PP pide al Gobierno que explique 'por qué no paga' lo que debe a las comunidades
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El PP pide al Gobierno que explique "por qué no paga" lo que debe a las comunidades

martes 03 de septiembre de 2019, 15:28h
El PP ha exigido al Gobierno que explique con detalle los criterios que sostiene la Abogacía del Estado para eludir los pagos pendientes a las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha anunciado este martes el registro de varias preguntas parlamentarias y nuevas solicitudes de informes al Gobierno en este sentido, al considerar que "no existen argumentos solventes en el plano jurídico que justifiquen el impago" de los adelantos financieros.
A falta de que se conozca el informe de la Abogacía General del Estado, invocado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para negar la posibilidad de que un Gobierno en funciones proceda a la actualización de esos pagos, los populares consideran que el Ejecutivo está inmerso en una "maniobra política con una base argumental insolvente".

En las iniciativas que han registrado destacan que no existen argumentos de peso en el plano jurídico para justificar el impago, "habida cuenta que la actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad".

De hecho, ese impago -añaden- "constituirá una anomalía inaceptable del sistema, que sí perturbaría el despacho ordinario de asuntos de las comunidades autónomas".

Por ello, el GPP ha solicitado "todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, desde que el Gobierno está en funciones en 2019".

Asimismo, ha preguntado por escrito al Gobierno si existe alguna "instrucción, circular o doctrina interna acuñada por la Abogacía General del Estado, más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo", para perfilar la opinión que se debe emitir en los casos de las iniciativas que puede desarrollar un Gobierno en funciones.

Montero ha dejado claro que el Ejecutivo está buscando fórmulas para enviar a las autonomías esta financiación pendiente, que asciende a unos 7.200 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017.
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