El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra el vicepresidente segundo de la institución insular y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard (Vox), al considerar que el uso que habría hecho de vehículos oficiales podría ser constitutivo de los presuntos delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Los socialistas sostienen que Bestard habría utilizado de forma "sistemática y reiterada" diversos vehículos adscritos al Consell de Mallorca para fines privados, llegando incluso a hacer un uso exclusivo de algunos de ellos en determinadas ocasiones.
El PSIB considera que esta utilización de los coches oficiales habría generado gastos de combustible y otros consumos sufragados con fondos públicos sin la correspondiente autorización, motivo por el que entiende que los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público.
En la denuncia, el Grupo Socialista solicita a la Fiscalía la práctica de diversas diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos. Entre ellas, reclama que se tome declaración a la secretaria técnica del Departamento de Medio Ambiente, dirigido por Bestard, así como a la secretaria técnica de Presidencia, al secretario general y a la interventora del Consell de Mallorca.
Asimismo, pide que se requiera a la institución insular toda la documentación relacionada con el uso de los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente, incluyendo los expedientes administrativos, el registro de desplazamientos, los consumos de combustible, los gastos de mantenimiento, los datos de los sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación que permita reconstruir el uso dado a estos automóviles oficiales.
La denuncia también solicita expresamente que la Fiscalía requiera al Consell de Mallorca el registro de desplazamientos realizados por Pedro Bestard con los vehículos oficiales de la institución para comprobar el destino y la finalidad de los trayectos efectuados.
Con esta iniciativa, el PSIB traslada el denominado 'caso Bestard' al ámbito judicial al entender que existen indicios suficientes para que la Fiscalía investigue si el vicepresidente segundo del Consell incurrió en responsabilidades penales derivadas del presunto uso irregular de recursos públicos.
El origen del 'caso Bestard'
La polémica sobre el uso de los vehículos oficiales comenzó tras diversas informaciones periodísticas que apuntaban a que Pedro Bestard disponía de varios coches del Consell de Mallorca para su uso exclusivo. A raíz de esas informaciones, el presidente de la institución, Llorenç Galmés, ordenó la elaboración de dos informes internos para esclarecer los hechos.
Los informes concluyeron que el vicepresidente segundo había dispuesto de forma exclusiva de tres vehículos oficiales —un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek— sin que existiera ningún acuerdo, instrucción o acto administrativo que autorizara formalmente esa asignación en régimen de exclusividad. Los técnicos calificaron esta situación como una conducta "no apropiada" e incluso "desproporcionada", al considerar que no existía justificación para reservar tres vehículos a un solo cargo público mientras parte de la flota del departamento presentaba carencias. Sin embargo, añadieron que, al no existir una normativa específica que regulara este extremo, no podía determinarse "de forma categórica" que hubiera existido un uso jurídicamente indebido de los vehículos.
El informe de la Secretaría Técnica también recogía que dos de los vehículos circularon sin la rotulación institucional por orden expresa de Bestard y constataba desplazamientos que no figuraban en su agenda oficial, además de contradecir algunas de las explicaciones ofrecidas públicamente por el vicepresidente sobre la señalización de los coches.
Durante su comparecencia en la Comisión de Transparencia, Bestard negó haber actuado con mala fe y rechazó haber hecho un uso irregular de los vehículos, aunque admitió que alguno de ellos fue utilizado para desplazarse a actos de Vox, defendiendo que esos trayectos se realizaban aprovechando desplazamientos institucionales y que desconocía aspectos relativos a la rotulación de los coches.
Tras conocer los informes, el equipo de gobierno del Consell (PP y Vox) decidió no adoptar medidas disciplinarias contra Bestard al entender que los técnicos no apreciaban infracción jurídica, aunque sí anunció la elaboración de un protocolo específico para regular el uso de los vehículos oficiales y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.
