El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación que el Gobierno califica de “récord” y que supondrá un aumento de la planta judicial del 8,5% y de la plantilla del Ministerio Fiscal del 7,13%.
En el caso de Baleares, se crearán 13 plazas judiciales y cinco plazas de fiscales. Según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas, de las 13 nuevas plazas de jueces, 12 se destinarán a los tribunales de instancia de Eivissa, Inca, Manacor y Palma, mientras que una irá al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Con ello, la plantilla judicial en el archipiélago crecerá un 8,7% y la del Ministerio Fiscal, un 6,8%.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha destacado que “nunca antes en la historia” se habían creado 700 plazas de jueces y fiscales en un solo año.
De las 500 nuevas plazas judiciales, 368 serán para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: 76 en audiencias provinciales, nueve en tribunales superiores de justicia, siete en el Tribunal Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional. Además, 34 plazas serán de adscripción territorial y dos corresponderán al Tribunal Central de Instancia.
Por comunidades autónomas, las más beneficiadas en términos absolutos serán Andalucía, con 95 nuevas plazas; Cataluña, con 91; Madrid, con 69; y la Comunidad Valenciana, con 58. En términos porcentuales, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11%. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado será el civil, seguido del social.
Bolaños ha explicado que los primeros jueces comenzarán a trabajar el 31 de diciembre de este año. Una segunda tanda se incorporará el 1 de junio de 2027 en los tribunales de instancia y un tercer bloque lo hará el 1 de noviembre de 2027, conforme a la planificación solicitada por el Consejo General del Poder Judicial.
El ministro ha vinculado esta ampliación a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una Oficina Judicial común. Según ha señalado, el nuevo modelo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los entre 500.000 y 600.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, las 500 nuevas plazas supondrán una inversión de unos 55 millones de euros, frente a los más de 260 millones que habría costado con el sistema anterior.
En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. El Gobierno prevé reforzar áreas como los delitos de odio y discriminación, trata de personas, extranjería, violencia sobre la mujer, cooperación penal internacional, criminalidad informática e Inspección Fiscal. También se creará una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.
Por territorios, los mayores incrementos de fiscales se registrarán en Andalucía, con 38 nuevas plazas; Cataluña, con 35; y Madrid, con 32. En términos porcentuales, la comunidad que más crecerá será Murcia, con siete nuevos fiscales y un aumento del 9,7%.
Bolaños ha defendido que la medida permitirá que los ciudadanos obtengan resoluciones judiciales en plazos más breves y que jueces, magistrados y fiscales soporten cargas de trabajo más razonables. La distribución de las plazas se ha realizado, según el Gobierno, atendiendo a criterios de carga de trabajo, litigiosidad y población, así como a las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.
Además, el ministro ha anunciado que el Gobierno profundizará en la comarcalización de determinadas secciones de Violencia sobre la Mujer en los tribunales de instancia, con el objetivo de combinar proximidad territorial y respuesta especializada.
