La reacción del PSIB-PSOE ante la proposición de ley de transparencia y control de los cargos públicos de las Islas Baleares, presentada por el PP en el Parlament para su trámite por la vía de urgencia, ha sido muy crítica con el texto, esencialmente porque esta iniciativa parlamentaria de los ‘populares’, que cuenta con el respaldo de los diputados de Vox, además de crear el registro de transparencia y control del patrimonio de los cargos públicos de Baleares, contempla la liquidación de la controvertida Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Coinciden los socialistas en su planteamiento con el director de la Oficina, Tòfol Milán, acusado por el PP de filtrar expedientes a la prensa antes que a las partes, “con el único objetivo de difamar a miembros del partido”.
Milán ha declinado hacer declaraciones a este digital con el argumento de que su actuación se rige por los criterios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad. Ninguno de estos criterios ha sido respetado por la Oficina Anticorrupción, como prueba la filtración a Diario de Mallorca el pasado fin de semana de una investigación en curso cuyos datos pormenorizados sólo han podido salir del ente que dirige el exalto cargo del PSOE en el Govern de Francesc Antich.
Si el proyecto de ley resulta aprobado, a la Oficina Anticorrupción le quedarán tres meses de vida y su director será cesado tan pronto como la ley se publique en el BOIB. Se comprende, por tanto, que Milán no ahorre críticas al texto presentado por el PP, sin preocuparse en lo más mínimo en defender su actuación ante una filtración que ha precipitado los acontecimientos y que supone, a la postre, el fin del organismo que él dirige y al que ha contribuido a desprestigiar de forma determinante.
El PSIB-PSOE, en boca de la eurodiputada Alícia Homs, ha anunciado que llevará el asunto a la Comisión Europea, a la vez que acusa al Govern de “volver al tiempo del expresidente Jaume Matas”. Será interesante escuchar el posicionamiento de la UE, teniendo en cuenta la contrariedad que supuso la rebaja del delito de malversación de caudales públicos impulsado por el PSOE en la pasada legislatura, con el único fin de beneficiar a los dirigentes del ‘procés’ y socios necesarios para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
En este contexto, será difícil que los socialistas puedan hacer creer que su interés por la lucha contra la corrupción es sincero y desinteresado, porque no lo es. Es pura conveniencia y oportunismo político.
