Baldomero Oliver, ex-concejal de Unió Mallorquina en el ayuntamiento de Palma, declaró ayer que la persecución contra los concejales de su partido político es similar a la del movimiento nazi en Alemania. Oliver reaccionaba así, en una tertulia de radio, a la detención ayer lunes de su compañera de partido, Cristina Cerdó y, posteriormente, del ex-conseller de Deportes, Mateo Cañellas. Incluso aunque existan elementos para que Oliver se pueda considerar perseguido, no existe el menor punto de comparación entre un movimiento político basado en la violencia y unas actuaciones que, en el peor de los casos, y si se lograra demostrar, serían excesos perfectamente delimitados dentro de un sistema político plural y abierto. Para que se diera lo que Oliver afirma, no bastaría con que sea muy sospechosa la actuación contra UM a sólo tres meses de las elecciones, ni que a otros partidos con conductas comparables se les deje de lado, ni que haya prisión preventiva contra personas de las que la prensa ha publicado con bastante anticipación que serían detenidas, sería exigible que, concluida la investigación se comprobara que nunca ha habido irregularidad alguna, que la conducta aplicada fue perfectamente legal, que no se ha usado el poder con fines ilegítimos. Sin embargo, el enfado de Oliver, ridículo por su desproporción, tiene algún sustento: ¿cómo explicamos a un ciudadano normal que denuncias planteadas en la prensa en 2007, provocan detenciones casi cuatro años después? ¿Por qué el sistema judicial actúa tan lentamente? ¿Cómo se entiende que estas acciones tengan lugar a tres meses de las elecciones?
