Los vecinos de Porto Cristo han organizado varias protestas contra la orden de derribo del puente del Riuet porque, entienden, es una decisión absurda. Yo comparto la postura de los vecinos. En realidad, las cosas las hemos puesto entre todos en una situación imposible. Veamos: el puente era necesario y, por lo tanto, la decisión política se adopta con suficiente fundamento; el procedimiento administrativo y algunas otras cuestiones accesorias tienen irregularidades que han conducido al juez ha declarar la ilegalidad de la obra, lo cual también es comprensible. Pero, en tercer lugar, está el sentido común: derribar un puente para, al concluir su destrucción, empezar los trámites para volverlo a construir es un absurdo. Aquí, el Parlament debería aprobar una medida legal que resuelva este problema, salvando por un lado la correcta actuación del juez y, por otro, la postura vecinal. Dejar que esto siga así, sin que nadie haga nada, es una muestra inequívoca de que estamos ante una clase política incapaz de afrontar sus retos. Y este es uno de ellos.
