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Empresas cercadas por la burocracia

sábado 23 de julio de 2022, 00:00h

Crece la preocupación de multitud de empresas, cada vez más agobiadas por el aumento de las tareas burocráticas a las que les obligan las administraciones. Trámites impuestos, elaboración de informes, justificantes de estar al corriente de pagos, redacción de planes de igualdad, recaudación de tasas públicas, gestión para optar a fondos europeos...

Según los testimonios recogidos y publicados por mallorcadiario.com, las empresas se han convertido en una maquinaria burocrática por designio de las administraciones, una situación que perjudica sobre todo a los pequeños y medianos negocios, que no tienen recursos específicos para cumplir con estas exigencias. Las grandes empresas pueden crear equipos con personal propio, mientras que las pequeñas y medianas han de contratarlo fuera o restar recursos propios de sus tareas habituales. CAEB y Cámara de Comercio han dispuesto medios para compensar estas tareas, pero este remedio no es suficiente.

Los empresarios consideran que, en estos momentos de reactivación de la economía, sus esfuerzos deberían centrarse en el desarrollo de las actividades propias de sus negocios. En cambio sienten cómo el capricho de las administraciones les resta efectividad en sus operaciones; a veces, incluso, para lograr un exiguo o nulo retorno, como ocurre con la gestión de los fondos Next Generation, cuyo entramado burocrático se ha convertido en un embudo que sólo ha permitido que llegue a las empresas un 10 por ciento de los primeros 24.000 millones de euros que ha recibido España.

Y mientras tanto, en el actual contexto de incipiente recuperación y con la histórica escalada de precios que sufre nuestra economía, toda esta maraña burocrática que envuelve la actividad cotidiana de las empresas no puede ser repercutida, en la mayoría de los casos, en los precios de sus productos o servicios. Un dato que compromete seriamente la competitividad de las compañías.

En unos pocos casos, la burocracia impuesta se solventa con una declaración responsable realizada por el empresario. Pero esta opción, que podría ampliarse para aliviar la gestión extra que impone la administración, no convence del todo a los gestores públicos, que prefieren seguir obligando a las empresas a realizar un descomunal trabajo burocrático. El cerco avanza -incluidas las cíclicas campañas de inspección- con una fórmula que no ayuda, que limita la actividad propia y reduce competitividad. Los afectados no reclaman tanto la habilitación de ayudas -que también-, si no que al menos la Administración se esfuerce más en no poner palos en las ruedas a quienes son el motor de la economía, el crecimiento y el empleo.

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