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De Juan asume que el IMAS 'podría hacer más' y apela a Fiscalía y Policía a 'poner más intensidad'
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De Juan asume que el IMAS "podría hacer más" y apela a Fiscalía y Policía a "poner más intensidad"

viernes 31 de enero de 2020, 12:10h

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, comparece en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca para informar sobre los presuntos casos de explotación sexual de menores tutelados.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, ha afirmado este viernes que en la "gran mayoría" de los casos detectados de explotación sexual de menores tutelados por la institución los chicos se exponen a situaciones de riesgo "sin que se pueda encontrar una fórmula de protección absoluta".

Los menores no forman en casi ningún caso parte de una red de explotación infantil, ni siquiera son conscientes de que son explotados sexualmente, y "en muchas ocasiones" se exponen de manera "voluntaria" a situaciones de riesgo, sin que el IMAS consiga protegerles de "manera absoluta" para no "atentar contra su libertad individual y la realización de un proyecto vital normalizado".

De Juan ha asumido que la institución insular "podría hacer algo más" ante los casos de explotación sexual de menores tutelados, pero a la misma vez ha apelado "a todos", a la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil "a asumir la responsabilidad y poner más intensidad para parar esta lacra".

"Reconducir este tipo de conductas emocionales es una tarea muy difícil" en la que trabajan "día a día" los profesionales de este sector, ha afirmado de Juan con ocasión de su intervención en el pleno del Consell de Mallorca sobre los 16 casos reconocidos por ahora por esta institución de menores tutelados explotados sexualmente en Mallorca.

El IMAS, que depende del Consell, tiene bajo su tutela a un millar de menores que no pueden vivir con sus familias, de los que unos 700 residen con familias de acogida y 359 en 30 centros, 6 públicos y 24 privados.

NO COMPARECIÓ EN EL PARLAMENT

Previamente estaba propuesto para informar sobre el asunto en el Parlament por una petición del PSIB, que más tarde retiró los escritos y, en consecuencia, se anuló su comparecencia sin ser debatida ni votada en la Diputación Permanente.

Además del pleno del Consell en el que comparece De Juan, la institución insular celebra otro pleno extraordinario, a las 13.00 horas, sobre el mismo asunto a petición de los partidos de la oposición.

De Juan es el segundo representante político que comparece por los casos de explotación sexual de menores tutelados después de que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, lo hiciera este martes en la Diputación Permanente. Santiago también habló sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros socioeducativos de menores judicializados.

Entonces, la consellera Santiago pidió "una mayor implicación de la Fiscalía y la Policía Nacional" aunque reconoció que "continuará habiendo explotación sexual infantil pero cada uno desde sus competencias tiene que hacer lo posible".

RESPONSABILIDADES

Ante estas declaraciones, desde las organizaciones sindicales policiales exigieron a la consellera que "asumiera responsabilidades y no tirara balones fuera". También aseguraron que los menores tutelados "son responsabilidad" de la Conselleria de Asuntos Sociales.

Mientras tanto, la Fiscalía Baleares defendió este jueves que "todos y cada uno de los casos" relativos a presuntos abusos o agresiones sexuales, prostitución o corrupción de menores "han sido y están siendo objeto de la oportuna investigación, seguimiento y tramitación con absoluto interés, seguimiento y dedicación".

Además solicitó a la consellera la instauración de un servicio de guardia de 24 horas por parte de la entidad pública competente en materia de protección de menores y han instado a reforzar la seguridad nocturna de los centros de protección, además del incremento de las plantillas de profesionales durante dichos turnos.

Por último, Santiago remitió una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se pide que las fugas y no regresos de menores a los centros de internamiento y acogida sean consideradas de "alto riesgo y prioritarias".

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