Este escrito pretende ser una reflexión general sobre el espectáculo bochornoso que vivimos en nuestro país, con un exfiscal general y un exministro condenados judicialmente y la mujer y el hermano del presidente, sus colaboradores más cercanos y hasta la directora general de la Guardia Civil -una de las máximas responsables de luchar contra la delincuencia- todos sometidos a múltiples investigaciones judiciales por la comisión de graves delitos de corrupción. Cuando los encargados de perseguir los delitos resultan encausados por delinquir algo muy grave está sucediendo.
¿Cómo ha sido posible llegar a este estercolero? Todo se debe a la combinación de varios factores negativos. El primero resulta de fácil explicación: un adecuado funcionamiento de toda democracia moderna, que supone el respeto a las leyes y a las instituciones del sistema parlamentario, requiere de una colaboración activa por quienes ejercen el poder. Sin un mínimo fair play de los gobernantes hacia las normas y los organismos que controlan cualquier Estado, sin un mínimo escrúpulo moral que impida retorcer las leyes y colonizar para su uso espurio las instituciones, la democracia no funciona. No se trata solo de organizarla bien -para eso se aprueban las Constituciones democráticas-, sino de que los individuos que la gobiernan respeten las reglas del juego. Ahora que estamos en pleno Mundial de fútbol imaginen la insólita situación de un árbitro blandiendo el silbato e invocando el reglamento mientras los jugadores se despachan a navajazos. No habría nada que hacer para reconducir el juego si quienes lo practican no respetan mínimamente sus reglas. Y esa es una imperfección dramática de toda democracia liberal.
Un segundo factor peligroso es la ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte de nuestros gobernantes. Ya henos comentado otras veces la diferencia esencial entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, que suele exigirse en todas partes menos en la España actual. El Derecho penal es una normativa garantista -una conquista esencial del Estado moderno- que exige para que haya una condena una tipificación legal, una adecuada práctica de la prueba y una atribución al enjuiciado del resultado delictivo. Si falla cualquier eslabón en esa cadena protectora no puede existir condena penal, pero ello jamás debería significar que no pueda existir una sanción política. Cuando un servidor público se comporta de forma notoriamente desleal en el ejercicio de sus funciones. el hecho de no haberse podido aportar pruebas de cargo suficientes al procedimiento penal, la prescripción temporal de sus delitos o una eventual nulidad de la instrucción por irregularidades procesales (que es lo que intenta lograr Zapatero, quien ha contratado a un catedrático de Derecho procesal) no deben eximir al gobernante de asumir responsabilidades políticas. Y que alguien no vaya a la cárcel no debe implicar que no deba marcharse a casa si ha faltado gravemente a la confianza de sus ciudadanos.
Un tercer factor importante está descrito en el manual de todo autócrata. Alcanzado el poder por vías democráticas, la obsesión de todo mandatario suele ser mantenerlo el mayor tiempo posible. Y a esa labor puede aplicarse por vías más democráticas o menos democráticas. La combinación de la ambición, la falta de escrúpulos, los apuros penales y el terrible descubrimiento de que en ciertos países resulta bastante más fácil manipular las reglas del juego y engañar a tus ciudadanos que convencerles de que te vuelvan a votar produce resultados perversos. Y a ello se afana hoy Sánchez con la colonización de las instituciones del Estado, la eliminación de los controles al poder, la activación de las cloacas, las nacionalizaciones exprés y la regularización masiva de inmigrantes.
