Con motivo de un viaje a la Andalucía oriental, me he visto precisado de transitar en automóvil por distintas vías de las provincias de Granada, Almería y Murcia. La red autonómica de carreteras, con sus defectos, presenta un estado de conservación bastante aceptable, con algunos tramos mejorables, algo parecido a lo que nos ocurre aquí en Balears.
Pero, dada nuestra ubicación temporal, hemos debido hacer uso también de dos de las principales vías de la red del Estado, la carretera nacional N-340, Cádiz-Barcelona, y la autovía A-7, Algeciras-La Jonquera, es decir, las dos más largas de su clase en dicha red, dependiente del Ministerio que ocupa el socialista vallisoletano Óscar Puente, tristemente famoso por ser el responsable político directo del fallecimiento de 45 personas en el accidente ferroviario de Adamuz.
La experiencia me ha supuesto retroceder mentalmente más de cincuenta años.
Tanto una como otra vía -entre las más transitadas por toda clase de vehículos, muchos de ellos pesados- se encuentran materialmente abandonadas en extensos tramos de su recorrido, al punto que la administración del Estado ha optado por esparcir señales que indican “vía en mal estado”, lo que supone una auténtica confesión de su completa ineptitud para un adecuado mantenimiento de las mismas.
¿Se imaginan ir al súper a hacer la compra y encontrar bandejas con la inscripción “carne en mal estado”, o carteles indicando “conservas caducadas”; o, si quieren, acudir a la consulta médica de la seguridad social y encontrarnos un letrero en la puerta que rece “Dr. Fulano, curandero sin titulación”? Obviamente, no, porque se trata de cuestiones que conciernen a nuestra salud y, en último término, a nuestra vida. Me pregunto por qué entonces estamos dispuestos a consentir que las vías de comunicación estatales, cuya responsabilidad recae en la más potente administración, la que maneja un mayor presupuesto y la que, en último extremo y según la Constitución, pudiera intervenir en caso de que el resto de administraciones no cumplieran con sus obligaciones, se permite jugar cada día con la salud y las vidas de miles de españoles.
El asunto es sangrante, porque indica que el Gobierno de Pedro Sánchez prioriza el pillaje, el saqueo y el mantenimiento de los más zafios corruptos al frente de las instituciones antes que el mero cumplimiento de sus deberes más elementales. Investigando un poco uno se puede hacer una idea de la dimensión del desastre. El Ministerio de Puente ha dejado de ejecutar en 2025 el 61,8% de los fondos de la Unión Europea asignados a las infraestructuras de transporte de nuestro país, el ferrocarril y las carreteras entre las principales, según datos de la poco sospechosa Intervención General del Estado. Además, el 52% de las vías españolas se halla en un estado deficiente de conservación.
Pero esta dejación no atañe únicamente a las vías de comunicación y al transporte por ferrocarril. En las comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia, por ejemplo, el sistema hace aguas por todas partes. Otro tanto ocurre con nuestras Fuerzas Armadas y con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Quizás sea injusto extender la calificación de fallido al Estado en su conjunto, porque lo que realmente está fallando es el Gobierno que lo administra o, mejor dicho, que no lo hace.
En Balears, vivimos esta realidad solo parcialmente, porque, por lo que hace a carreteras y ferrocarril, la gestión está -afortunadamente- transferida a las instituciones autonómicas o a los Consells. Piensen en ello cada vez que circulen con su coche por una de nuestras excelentes vías secundarias y bendigan el trozo de mar que nos separa de la Península.
Todo ello libera al Delegado del Gobierno en Balears de una sustancial carga de trabajo, que Alfonso Rodríguez aprovecha para convertirse en propagandista hagiógrafo de las virtudes del sanchismo, mientras las infraestructuras del país se caen, literalmente, a pedazos.
