Mi compañera Marta Deià escribía ayer que sólo en Palma hay 48.000 viviendas sin ocupar. Lo lógico sería que estas salieran al mercado, porque desde luego ningún propietario debe desear que su bien inmueble no le produzca ninguna renta. Pero no, estos propietarios se empeñan en no querer ganar algo de dinero, un alquiler. Están locos: desprecian el dinero. ¿Qué les pasa? ¿Son tan radicales en sus posturas antisociales que no desean alquilar? No. Todos, casi sin excepción, desearían obtener un ingreso por esas viviendas, si no corrieran el riesgo de sufrir pérdidas por daños, impagos o, peor aún, ser incapaces de echar a un inquilino moroso. Obviamente, esto pone el dedo en la llaga: aquí, en España, la legislación en este tema es tan mala que quien alquila tiene altísimas probabilidades de meterse en un buen lío. El inquilino tiene mil maneras de aprovecharse, de irse sin responder de los hipotéticos daños que pueda causar, de no pagar y no ser embargado, de ocupar la vivienda durante meses sin que sea posible echarlo. Ustedes verán: aquí la cuestión es que nadie ha intentado seriamente resolver los problemas que llevan a los propietarios a no poder alquilar. Aquí, por ejemplo, no se ha creado un seguro que garantice que las rentas se pagarán, ni que los daños se repararán. Aquí nadie ha acelerado suficientemente los procedimientos judiciales para que no haya escapatorias para el moroso. Siguen existiendo huecos por el que se escapa toda la buena intención del legislador. Peor: la famosa agencia del Gobierno central para el alquiler de viviendas fue un bluff que sólo funcionó y muy limitadamente en algunos rincones de España. Se veía, desde el inicio, que aquí no había más intención que la de simular que querían arreglar las cosas, pero en verdad, todo era de cara a los periódicos de mañana. Pese a ello, el conseller Carbonero, el que nos prometió 5000 viviendas, aún va por ahí diciendo que quiere sacar al mercado más promociones, justamente cuando lo que sobran son viviendas vacías.
