El nuevo rechazo del PSOE a la propuesta de coalición lanzada por Podemos acerca todavía más las opciones reales de ir a unas nuevas elecciones generales en noviembre. Los socialistas tardaron unas pocas horas en despachar el documento de 120 folios remitido por Podemos con una propuesta de estructura de gobierno y contenidos programáticos que, en líneas generales, poco diferían de los rechazados el pasado mes de julio durante la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez. Los de Pablo Iglesias proponen su entrada en el Gobierno de la nación con una Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y Consumo, y el Ministerio de Vivienda y Economía Social.
La fórmula ha sido descartada por el PSOE, quien justifica su rechazo por el "aumento de la desconfianza mutua" entre los dos partidos -que ya provocó la frustrada negociación de julio-, unido a la reticencia de los socialistas para acceder a conformar un gabinete que permita "la existencia real de dos gobiernos dentro del Consejo de Ministros". Tampoco animan a los socialistas las importantes diferencias que los dos partidos mantienen en cuestiones de Estado como es el tema de Cataluña.
Formalmente, las negociaciones no se han roto, pero nadie oculta las escasas posibilidades que actualmente existen para alcanzar una coalición que, por otra parte, alumbraría un gobierno con nula confianza interna y pocas opciones de subsistir toda una legislatura. Ante esta situación, es difícil que los ciudadanos no vean estos movimientos como una mera estrategia electoral de unos y otros, abocados -si no hay giros de guión- a volver a votar en unas elecciones generales que serán las cuartas en un periodo de cinco años.
De ser así, la conformación de un gobierno parece una misión imposible en un plazo de tiempo que se extendería probablemente hasta bien entrado el 2020. Mientras tanto, la maquinaria del estado sigue funcionando con unos presupuestos aprobados en 2018, y asignaturas pendientes como la financiación autonómica -y el REB en el caso de Baleares- que siguen sobre la mesa, sin visos de solucionarse en mucho tiempo.
