Falacia ad hominem

El debate político en el Parlamento español ha sufrido una profunda mutación en los últimos años, consolidando una dinámica donde la argumentación racional ha sido desplazada por una variante perversa del manual de resistencia, consistente en refutar una afirmación del rival en función de algún atributo de su emisor. En lugar de analizar el contenido sustancial del asunto en cuestión, sólo se trata de descalificar al interlocutor para restar credibilidad a sus argumentos. La estrategia actual pasa por estigmatizar a la oposición bajo una etiqueta identitaria inhabilitante. En el ecosistema político actual, cualquier crítica a la gestión gubernamental —ya sea en materia económica, legislativa o ética— no se rebate con datos o explicaciones, sino mediante la descalificación previa de quien la enuncia.

Esta distorsión del debate se articula a través de un sofisticado muro de contención retórico. Cuando el Gobierno se enfrenta a la fiscalización de sus decisiones más polémicas o a lo que se cuestiona de su actividad, el argumento defensivo estrella no es la justificación de la medida, sino el cuestionamiento de los motivos que esconde la crítica, la falta de legitimidad del oponente o se escupen reiteradamente antecedentes similares, por desfasados y ya condenados que lo hayan sido, como si la historia sólo tuviera memoria para una parte. 

Se ha impuesto la doctrina de la demolición del adversario, donde la oposición es sistemáticamente metida en el mismo saco ideológico, despojándola de matices y presentándola como una amenaza reactiva. Una actitud deplorable siempre, pero más aún en quien no dormiría si pactaba con quien lo hizo y que sólo cuestiona al hemisferio opuesto, sin reparar en que se apoya en el otro extremo y aúpa a quienes se sitúan en sus antípodas ideológicas y morales. De este modo, cualquier fiscalización legítima al poder ejecutivo queda desactivada bajo la acusación de que el adversario sólo busca la desestabilización o la crispación, sin que la bancada azul reconozca jamás la viga en el ojo propio. Abundando en ello, se ríen de las instituciones y de su legitimidad, no dudando en hacer comparaciones capciosas e inciertas en un ejercicio permanente de hipocresía, como nuevos césares que afirman Tu quoque (…Y tú más), apoyándose en una foto en blanco y negro o en presuntos delitos de familiares que fueron absueltos o nunca se juzgaron. Ejercen tanto y tan bien de oposición de la oposición que están labrando su propio destino.

El segundo gran pilar defensivo de la retórica gubernamental es el recurso al contexto excepcional como patente de corso. Frente a errores de cálculo, reformas legales de dudoso encaje o cesiones políticas complejas, la respuesta estándar se resume en el pragmatismo de la necesidad: sólo el Ejecutivo actúa por el interés general y el bien común, aunque nunca haya quedado acreditado que hayan decretado algo que no sea acorde con las minorías que le dan soporte. Este utilitarismo político, en cuanto a la calidad democrática y la pulcritud de sus acciones, desplaza el foco del cómo y el qué hacia un fin abstracto y supuestamente correcto. Así, los errores se camuflan como audacia política, y las rectificaciones obligadas se venden como ejercicios de resiliencia y flexibilidad.

El peligro evidente de esta deriva es el vaciado de contenido de las instituciones del Estado y la extinción de las reglas de juego y la armonía ejemplar que nos fijamos en la Transición. Las Cortes, concebidas como el templo de la palabra y el control al poder, se convierten en un teatro de trincheras donde la rendición de cuentas brilla por su ausencia. Cuando la falacia ad hominem se normaliza desde la tribuna, se erosiona la confianza del ciudadano en el sistema. Si el Gobierno rehúsa explicar sus actos y no responde con respeto al necesario equilibrio de poderes y al imprescindible papel de la oposición, la democracia pierde su contrapeso fundamental. Al final, lo que queda es un ruido ensordecedor que oculta la realidad de la gestión y un peligroso precedente: el convencimiento de que, en política, la mejor defensa no es una buena y honesta actuación, sino la demolición retórica del adversario. Las consecuencias pueden ser inéditas, aunque la desafección es donde tiene su mejor caldo de cultivo, pero no deberían olvidar que quienes prefieren destruir antes de perder, nunca ganan.

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