La Junta de Gobierno Local, basándose en un informe jurídico municipal emitido este mismo mes de mayo, ha acordado requerir formalmente a la propietaria de unos terrenos en la calle Socors la cesión gratuita y obligatoria de la parcela destinada a vial, con una superficie de algo más de 320 metros cuadrados.
Esta resolución cierra de forma contundente un largo recorrido administrativo iniciado en mayo de 2009. En aquel momento, el Ayuntamiento concedió una licencia de segregación que permitió dividir una finca original en tres nuevas parcelas: dos destinadas a edificación y una tercera reservada para vial público.
UNA CONDICIÓN URBANÍSTICA QUE NO SE HABÍA CUMPLIDO
La licencia establecía de forma clara que las parcelas edificables no podían adquirir la condición de solar hasta cumplir todos los requisitos legales. Entre ellos, destacaba la obligación de ceder gratuitamente la parcela del vial al Ayuntamiento.
Pese a haberse beneficiado de la segregación, esta cesión había permanecido pendiente de formalización hasta la fecha.
EXPROPIACIÓN FORZOSA
El caso dio un giro en noviembre de 2023, cuando la representación legal de la propiedad presentó un escrito solicitando la expropiación forzosa por ministerio de la ley de la totalidad del vial, alegando que se encontraba en una zona calificada como camino público.
La propiedad pretendía que la administración abonara un justiprecio por los terrenos y por una pequeña edificación de 24 metros cuadrados destinada a almacén existente en la finca.
Sin embargo, los servicios jurídicos municipales han rechazado la solicitud al recordar que la legislación urbanística —incluyendo la Ley del Suelo de 1976, la de 1998, la Ley 2/2014 y la vigente Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB)— establece la obligación de los propietarios de suelo urbano de ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales como condición indispensable para adquirir la condición de solar.
Al tratarse de una carga urbanística vinculada a un beneficio obtenido en 2009, no corresponde indemnización ni expropiación con cargo a fondos públicos.
DOS MESES PARA FORMALIZAR LA CESIÓN
Con la nueva resolución, el Ayuntamiento desestima de forma definitiva la reclamación de la propiedad y le concede un plazo máximo e improrrogable de dos meses para formalizar la escritura pública de cesión gratuita de la finca a favor del municipio.
Con esta medida, el equipo de gobierno logra desbloquear un expediente paralizado durante casi dos décadas y da un paso relevante en la regularización urbanística del municipio, incorporando un espacio público clave para la movilidad sin coste para las arcas municipales.
