Vox denuncia trabas judiciales para investigar el caso de la menor tutelada obligada a abortar
Vox recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción nº8 de Palma que ha pedido al partido una fianza de 20.000 euros para investigar el caso de una menor tutelada supuestamente desaparecida y obligada a abortar por técnicos del IMAS (el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales). El Juzgado pide la fianza para que Vox sea aceptada como acusación particular.
El presidente de Vox Baleares, Jorge Campos, ha considerado que «resulta asombroso que nos pidan 20.000 euros, a nosotros que lo hemos denunciado. Es una de las fianzas más altas que he visto. Lo hemos hablado con la vicesecretaría jurídica nacional de Vox y vamos a recurrir. Si no se rebaja esta cuantía, haremos todo lo posible para que esto se investigue hasta el final. Si hay que hacer un esfuerzo económico se hará, ya veremos de dónde sacamos el dinero. No se puede seguir poniendo trabas».
Campos se ha preguntado «por qué todo esto se quedó atascado en Fiscalía. Tuvimos que denunciarlo en los Juzgados cuando se debería haber actuado de oficio porque existen informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de lo que sucedió. No comprendemos y queremos saber qué pasa».
Esta situación se produce después de que Vox presentara la semana pasada un escrito de impulso procesal ante el Juzgado nº8 ya que «desde la fecha 22 de febrero de 2022 el procedimiento se encuentra paralizado sin motivo alguno». Cabe recordar que se supone que el Juzgado ha abierto diligencias y que ya han pasado casi siete meses sin novedad alguna. La denuncia se presentó bajo la dirección letrada de Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de Vox. Es más, el caso llega a los Juzgados cuando Vox lo denuncia tras meses de silencio de Fiscalía, a la que, también VOX, había notificado los hechos ya en septiembre de 2021 y una ampliación en noviembre del mismo año.
Según consta en el atestado policial, el IMAS dio por desaparecida oficialmente a una menor tutelada. Sin embargo, mantuvieron contacto con ella y se le presionó para interrumpir su embarazo acompañándola a una clínica abortiva privada tal y como consta en los informes policiales.
